De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que se aprobó en julio de 2015 con un amplio consenso parlamentario y respaldo de los sectores afectadas, precisamente el espíritu de la normal contempla la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para adoptar “medidas de reparación”, tales como la exención o reducción coyuntural de impuestos y moratorias en el pago de cotizaciones de la Seguridad Social, así como la consideración “de fuerza mayor” algunas suspensiones de contratos de trabajo o bien incluso la reducción de una jornada de trabajo que haya tenido como “causa directa” tal situación de emergencia.
Pero la ley va más allá e incluso prevé la posibilidad de conceder ayudas en caso de catástrofe aunque no se declare previamente un área como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y además, el Consejo Nacional de Protección Civil puede acordar los precios unitarios de coste de servicios para facilitar la cuantificación de gastos en los convenios de colaboración cuando concurran en la emergencia varias administraciones.
La cuestión terminológica queda también bien definida por el marco normativo que precisa que una emergencia de protección civil es una situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe.
A su vez, la ley define catástrofe a una situación o acontecimiento que altera o irrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
Con todo, el procedimiento para declarar “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, término que sustituyó a lo que antes de esta ley se conocía como “zona catastrófica” –término con el que se han referido varios representantes públicos en esto días de ‘Filomena’– corresponde en todo caso al Consejo de Ministros, a propuesta de, al menos los titulares de Interior y Hacienda, o bien tras ser solicitada por la administración pública interesada.
Para ello, el Gobierno puede solicitar un informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas para valorar así si se han producido daños personales o materiales de un siniestro que “perturbe gravemente” las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
Por otro lado, la declaración de emergencia de interés nacional se puede efectuar en el caso de que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas, que afecten a varias comunidades autónomas y exijan la aportación de recursos a nivel supra-económico o bien las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran de una dirección de carácter nacional.
MARLASKA, JEFE EN LA EMERGENCIA ‘FILOMENA’
Es en estos casos de declaración de emergencia de interés nacional cuando le corresponde la atribución al titular del Ministerio del Interior, en este caso Fernando Grande-Marlaska, “bien por iniciativa propia o a instancia de las comunidades autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas”. En todo caso, si lo hace debe comunicárselo previamente a la comunidad autónoma afectada o afectadas si son más de una.
Precisamente en este tipo de emergencia es también el titular de Interior quien asumirá su dirección, la ordenación y coordinación de las actuaciones, la gestión de los recursos estatales, autonómicos y locales en el territorio afectado y sin perjuicio de lo que se dispone en la ley para los estados de alarma –como el que rige hasta el mes de mayo en España–, de excepción y sitio. El ministro del Interior podría incluso requerir a otras administraciones públicas que no estén afectadas por la emergencia que pongan a disposición sus recursos movilizables.
Además, desde el momento en el que el pasado 5 de enero se activó la fase de ‘preemergencia’ del Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM) es el ministro Grande Marlaska quien tiene asumido el mando de la dirección y coordinación de los recursos del sistema de Protección Civil y, si fuera activada la Unidad Militar de Emergencias (UME) como ha ocurrido en ‘Filomena’, la dirección operativa de la emergencia podría encomendarse bien al ministro del Interior o al titular de la jefatura de la UME. Y respecto a las competencias autonómicas, la fase operativa 1 –activada en este caso– no incide en aquellas de dirección y gestión autonómica de las administraciones afectadas.
Precisamente, el Ejecutivo ha estrenado el PLEGEM con ‘Filomena’, ya que el plan fue aprobado por el Gobierno en el penúltimo Consejo de Ministros de 2020, el 15 de diciembre y fue publicado un día después por el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Sin embargo, este miércoles en rueda de prensa, el titular de Interior ha asegurado que la gestión “corresponde” a las comunidades autónomas y entidades locales, hasta que el Gobierno asume la coordinación de medios una vez que han sido solicitados por las administraciones competentes” y respecto a esa coordinación ha afirmado que es “fluida y adecuada”.
CUESTIÓN DE MATICES Y ECONÓMICA
Otro de los matices de la norma es el hecho de que el Estado está obligado a colaborar con recursos humanos y materiales en los términos que defina Protección Civil; sin embargo, la responsabilidad por daños y perjuicios que se deriven de los medios estatales corresponderá a la administración Pública que asuma la dirección de la emergencia.
Una vez declarada zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el Gobierno podrá establecer ayudas económicas a particulares, a corporaciones locales, ayudas a empresas y a explotaciones ganaderas y agrícolas o subvenciones por daños en infraestructuras, además de medidas de ayuda fiscales, laborales y de la seguridad social.
En este contexto, el ministro ha agregado que ya se han empezado a evaluar los daños, algo que no puede terminar mientras no concluya la emergencia climatológica, pero ha garantizado que “ningún perjudicado va a dejar de ver satisfecho el daño que haya podido o pueda sufrir”.
“Estamos evaluando, se aplicará la normativa, pero para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y reparar los daños causados en una circunstancia de emergencia climatológica”, ha apostillado.
Finalmente, ha dicho que todos los dispositivos siguen activos para responder al temporal y proteger al conjunto de la población, asegurar la vuelta a la normalidad de los servicios públicos esenciales y para evaluar y compensar todos los daños sufridos.
