La nueva Ley de Movilidad Sostenible incrementará en un rango de entre 200 y 250 millones de euros al año la financiación del transporte urbano, que se situará en una horquilla de entre 600 y 650 millones, según consta en la memoria económica del borrador del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press.
La ley, aprobada recientemente en Consejo de Ministros y que el Gobierno prevé que entre en vigor en 2024, establece que sus recursos estarán constituidos, exclusivamente, en el seno de los Presupuestos Generales del Estados, y solo podrá incrementarse por otros ingresos provenientes de impuestos.
Teniendo en cuenta que ya se ha comprometido que una parte del incremento de la recaudación fiscal verde se destine a impulsar el transporte colectivo en el ámbito urbano, el Ministerio estima que la cantidad necesaria a la que se refiere la ley será del orden de entre 600 y 650 millones anuales, lo que implica un aumento de entre 200 y 250 millones de euros de la dotación actual.
Adicionalmente, el Estado podrá contribuir a la financiación de servicios de transporte o servicios de movilidad que contribuyan a alcanzar los objetivos de descarbonización, calidad del aire, protección social o protección a los territorios afectados por el reto demográfico, aunque estos no se presten en el ámbito urbano.
Uno de los objetivos prioritarios de la norma pasa por modernizar la movilidad con nuevas tecnologías y contribuir a descarbonizar el transporte, responsable en España del 27% de los gases de efecto invernadero, cinco puntos por encima de la media de la Unión Europea.
Un millón de euros para 532 nuevos puestos de trabajo
Además, el proyecto de ley incluye nuevos puestos de trabajo para hacer frente a todas las nuevas tareas que implica la norma, 52 en concreto, con un coste estimado de más de un millón de euros. Estos puestos se enmarcan en un Foro Administrativo de Movilidad Sostenible y un Consejo Superior de Movilidad Sostenible, así como en otras áreas de Transporte.
Para acometer este refuerzo de personal, la ley prevé una «excepción» a las reglas establecidas por los Presupuestos Generales del Estado, donde se indica que cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer un aumento neto de los gastos de personal superior al autorizado.
No obstante, el proyecto aclara que no se plantea una reestructuración ni la creación de nuevos puestos de trabajo de manera inmediata, sino que se procederá a tal efecto cuando corresponda realizar una actualización del decreto de estructura del propio Ministerio, siempre que cuente con las autorizaciones necesarias.
En este sentido, las dotaciones de recursos señaladas no tienen por qué producirse en el mismo momento de entrada en vigor de la ley (prevista para 2024), sino que podrán ser progresivas, en un periodo estimada de cinco años, ya que no todas las actividades previstas podrán desplegarse desde el momento inicial y, en algunas, la propia ley prevé periodos transitorios.
