El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado este jueves prisión provisional para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que han pasado este jueves a disposición judicial, según han informado fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que existen “indicios de que formaban parte” de una organización denominada ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facción de los CDR con una “estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta”.
El magistrado ha tomado esta decisión después de tomar declaración a los siete investigados, a los que imputa delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. En los autos de prisión –que no han sido facilitados a los medios de comunicación al estar secreta la causa–, el juez individualiza las acciones concretas que atribuye a cada uno de los investigados, así como su función dentro de la organización.
García Castellón entiende que en el presente caso concurren los requisitos para acordar la prisión, como son la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva.
Tras las comparecencias judiciales, en las que cinco de los detenidos sólo han respondido a las preguntas de su defensa y los otros dos –que están asistidos por abogados de oficio– han contestado tanto al juez como al Ministerio Público, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha solicitado prisión provisional sin fianza para todos y cada uno de ellos.
SUBVERTIR EL ORDEN CONSTITUCIONAL O LA PAZ PÚBLICA
La Fiscalía considera que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene “naturaleza terrorista” y su finalidad era “subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”. A su juicio, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos así como el “riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas” han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.
Los dos investigados que han llevado su estrategia de defensa al margen de los otros cinco, presentaron ayer un ‘habeas corpus’ –denuncia por detención ilegal– en la Audiencia Nacional por boca de sus familiares, según informan en fuentes jurídicas.
Fueron recibidos por el juez de guardia anoche en la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ante quien reafirmaron su interés en mantener la misma asistencia letrada de oficio que habían recibido a su detención y declinaron presentar denuncia alguna. Este jueves, en un momento previo al inicio de las declaraciones, se les ha vuelto a consultar y han reafirmado su intención de seguir adelante con la misma asistencia letrada.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 mantiene esta causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada a los detenidos en los diez registros que se practicaron el lunes en distintos puntos de la provincia de Barcelona.
