Las fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press hacen hincapié en que, con la legalidad vigente, el trabajo de jueces y magistrados era perseguir los delitos cometidos en el marco del ‘procés’, una labor que comenzó tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que esta ley de amnistía supone «tirar a la basura».
Cabe recordar que el Tribunal Supremo juzgó y condenó en 2019 a 12 líderes independentistas por el 1-O, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, y que en esa misma sede judicial aún hay causas abiertas contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus ex consejeros fugados.
Las citadas fuentes denuncian además que, en contra de lo que defiende el propio texto, se trata de «un traje a medida» para los líderes del ‘procés’ y sus colaboradores.
La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán presentada a última hora de este lunes en solitario por el PSOE abarca más de una década del ‘procés’: desde el 1 enero de 2012 –pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del ‘procés’ en 2019– hasta este lunes 13 de noviembre.
El texto –que consta de 16 artículos, divididos en tres títulos, dos disposiciones adicionales y una disposición final– propone amnistiar la «responsabilidad penal, administrativa o contable» de los actos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña.
Los socialistas plantean exonerar «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos». Para ello, incluye delitos tales como los de usurpación de funciones públicas, malversación, prevaricación, desobediencia y desórdenes públicos.
Según detalla la proposición, la amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros «posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos», en referencia a los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables.
El texto incluye a su vez los «actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares» o con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines del ‘procés’. Y, asimismo, propone amnistiar «las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización» de dichas consultas.
