Así se desprende del informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo que ha aprobado el Tribunal de Cuentas.
En concreto, en cuanto a los límites temporales a los que se somete el inicio de la ejecución en la contratación celebrada mediante la tramitación de emergencia, se han advertido incumplimientos en un escaso número de contratos (3% de la muestra).
Se trata de la quinta fiscalización específica sobre contratación de emergencia de las siete programadas por el Tribunal de Cuentas que, además, realizará un Informe Global cuya aprobación se prevé en 2023.
El informe aprobado por el Pleno concluye, según la información recabada por el Tribunal de Cuentas, que estas Comunidades y Ciudades Autónomas celebraron 8.855 contratos de emergencia vinculados con la pandemia ocasionada por la crisis sanitaria, por un importe total de 576 millones de euros.
De este importe, 452 millones de euros correspondieron a contratos de suministro, de los cuales el 80%, 361 millones de euros, tuvieron por objeto material sanitario como mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, batas, gafas, pantallas protectoras, entre otros.
Castilla-La Mancha, que en el momento de la fiscalización no contaba con órgano de control externo, adjudicó 241 millones de euros, de los que 220 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 174 millones de euros correspondieron a material sanitario y, concretamente, 100 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,39 y 0,26 euros, y el de las FFP2 entre 2,20 y 0,80 euros.
Para esta fiscalización el Tribunal de Cuentas ha examinado una muestra de 421 contratos por importe de 406 millones, cifra que representa el 70% del importe total de los contratos de emergencia vinculados al COVID-19 en las CCCAA y Ciudades Autónomas objeto de examen.
