El Tribunal Supremo (TS) ha advertido que existe un «espacio de impunidad» de cara a futuros desafíos al sistema constitucional que no vengan acompañados de violencia, debido al vacío dejado por la derogación de la sedición, que no colman los delitos de rebelión, en el extremo más grave, ni el nuevo de desórdenes públicos agravados, en el otro.
Así lo avisa la Sala de Apelaciones integrada por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo en el auto donde confirman la decisión del instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, de procesar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por desobediencia y malversación agravada tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación.
El tribunal rechaza los recursos presentados por las defensas de Puigdemont y los ex consejeros Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí, que pedían anular directamente su procesamiento por el 1-O, pero también la apelación lanzada por la acusación popular que ejerce Vox, que pedía sumar a la desobediencia y la malversación agravada el delito de desórdenes públicos agravados.
Es en su respuesta al partido político, donde los magistrados avisan de «la creación de un espacio de impunidad» donde «la deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia, incluso cuando fueran seguidos de un alzamiento público y tumultuario, no necesariamente violento, no serían susceptibles de tratamiento penal».
A raíz de la reforma penal, «entre el delito de rebelión regulado en el artículo 472 del Código Penal (CP) y el delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557, existe un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, quedarían impunes», expone.
No se sustituyó, se eliminó
La Sala de Apelaciones recalca que con la reforma penal no se ha producido «una sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos», sino que «lo que ha hecho ha sido suprimir, sin más, el injusto que antes abarcaba el artículo 544 del CP».
A su juicio, «no pueden equipararse el objetivo de alterar la paz pública del artículo 557 CP (desórdenes públicos) y las reglas de convivencia con violencia o intimidación, y hacerlo con el orden constitucional del derogado artículo 544 CP (sedición) sin esa violencia o intimidación no exigibles en este tipo penal».
En consecuencia, concluye que «no puede admitirse que los hechos que dieron lugar al procesamiento por sedición puedan reconvertirse en el delito de desórdenes públicos del artículo 557 del CP» tras la reforma penal.
Los fines y los medios
El Supremo precisa, en primer lugar, que no pueden equipararse los fines perseguidos en los comportamientos castigados en cada uno de los delitos comparados, la sedición y los desórdenes públicos.
«No se puede comparar a modo de tipicidad la intención de los encausados de desbordar el orden constitucional y lograr, directa o indirectamente, pero fuera de las vías legales, un nuevo orden territorial y político (sedición) y un comportamiento de la transgresión (comparativamente insignificante o insustancial) de las ordinarias reglas de convivencia en grupo con violencia o intimidación (desórdenes públicos)», dice.
Y recuerda que la instrucción ha reflejado que la intención de los encausados fue, precisamente, «desbordar el orden constitucional y lograr, directa o indirectamente, pero fuera de las vías legales, un nuevo orden territorial y político».
En segundo lugar, puntualiza que «no existe en los hechos el previo concierto para la comisión de un delito de desórdenes públicos, que exige como elemento nuclear la ejecución de actos violentos o intimidatorios o, en su caso, la conspiración, la provocación o proposición para hacerlos realidad».
«El apoyo incondicional a las movilizaciones ciudadanas con ocasión del referéndum, los mensajes favorecedores de la participación en la consulta y la petición de libertad a los detenidos no tiene encaje -no puede tenerlo- en el delito de desórdenes públicos», afirma.
