“Es manifiestamente ilegal”, subrayó Cuesta en un comunicado en el que anunció que no asistirá en caso de que siga adelante el pleno, que considera “contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales” del CGPJ.
“No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes en 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio de 2023, colocando sus nombres al lado de decisiones que mancillan el nombre de este CGPJ, una vez que está fuera de órbita competencial y temporal, al haber expirado su mandato, aunque siga en funciones después de diez años”, expuso.
Cuesta advirtió de que la convocatoria de Guilarte es “improcedente e ilegal” por “no reunir todos los requisitos del artículo 600.2 de la LOPJ”. Éste indica que puede celebrarse sesión extraordinaria sólo para el ejercicio de algunas de las competencias referidas en el artículo 599.
Entre ellas, no se considera “ni informar eventuales o desconocidas proposiciones de ley, ni pactos políticos, ni otras iniciativas legislativas o parlamentarias de los grupos, ni intenciones o programas de Gobierno o de investidura, ni aprobar proclamas o declaraciones políticas partidarias”, recordó el vocal progresista.
Asimismo, destacó que la convocatoria de pleno no es legal “por interferir en la autonomía del Parlamento, en las previsiones constitucionales sobre el debate de investidura del presidente del Gobierno”.
A su juicio, con esta sesión se “conduce al CGPJ a una desleal confrontación institucional con el presidente del Gobierno, los Grupos Parlamentarios y el Congreso de los Diputados”.
Cuesta también cuestionó la pretendida proclama del CGPJ por suponer una “muy grave irresponsabilidad” que podría “contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos”.
Además, alertó de que podría “usurpar atribuciones de fiscalización que no le corresponden al CGPJ, interfiriendo de forma grosera en el debate de investidura y, en su caso, condicionando la independencia y actividad de los jueces y tribunales”.
“No tiene competencia para pronunciamientos”
En este contexto, apuntó que el CGPJ “no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de ley, salvo que así se lo haya pedido el Congreso” y, añadió, “ni la Constitución, ni el sistema jurídico ni la LOPJ obligan al Parlamento a pedir informe previo sobre el contenido de estas proposiciones”.
“La Unión Europea tampoco pide ni exige a España, ni a sus miembros, que las iniciativas parlamentarias de reforma en materia de Amnistía, Justicia, Estatuto judicial, Organización, Procedimientos o Derechos Fundamentales se sometan previamente a informe de los Consejos Superiores de la Magistratura”, agregó.
Por último, incidió en que el CGPJ “no tiene título competencial para interferir en la tramitación previa de una proposición, ni puede atribuirse competencias o funciones de censor, guardián de las esencias, juzgador de la constitucionalidad o emisor de certificaciones previas de calidad de las iniciativas parlamentarias, de los diputados o senadores y de sus Grupos, antes de que se pronuncien las Cámaras o el propio Gobierno”.
“El CGPJ no tiene el monopolio de la defensa del Estado de Derecho ni puede convertirse en el poder preeminente frente al resto de poderes y órganos constitucionales. El CGPJ no es el Poder Judicial, no representa a los jueces y magistrados, no ejerce ninguna función jurisdiccional”, sentenció.
