En 2019 se contabilizaban en zonas de conflicto 248 radicales españoles o con residencia legal en España, según se recoge en informes como el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo de Covite. El Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno contabilizó 254 un año después, según su Informe Anual de Seguridad Nacional de 2020.
Las citadas fuentes de Interior adelantan que en el último año, 2021, la cifra alcanza los 258 desplazados, por lo que habrían partido desde España otros cuatro combatientes yihadistas a zonas dominadas por organizaciones terroristas, principalmente Siria e Irak.
En más de cinco años, por tanto, ha aumentado un 124% el número de desplazados, ya que en 2015 el Ministerio del Interior cifró en 115 los casos de yihadistas que habían abandonado España para enrolarse en las filas de Estado Islámico o, en menor medida, en las diferentes franquicias locales de Al Qaeda.
Litado único común del CITCO
En el informe de 2020 del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno se refleja que España había declarado 254 CTE (combatientes terroristas extranjeros) según el Listado Único Común de CTE elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior. También se recogía que 223 eran hombres y 31 mujeres, así como que 50 habrían retornado y 73 habían fallecido.
Fuentes de los servicios antiterroristas consultadas por Europa Press son escépticos, de momento, sobre la posibilidad de un resurgimiento militar de Estado Islámico en Siria e Irak, relacionando los últimos ataques atribuidos a este grupo yihadista al intento de «reagrupar efectivos para subsistir de alguna forma». También recuerdan que el ritmo de desplazamientos se ha rebajado notablemente, sobre todo por las dificultades de acceso.
Estado Islámico está protagonizando en los últimos días ataques a gran escala contra posiciones del Ejército en la provincia siria de Deir Ezzor, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. La ofensiva coincide con los combates de los últimos días en la cárcel de Ghueiran, controlada por las autoridades kurdas sirias y situada en la provincia de Hasaka (noreste), que se han saldado con más de 200 muertos.
No obstante, desde los servicios antiterroristas españoles reconocen que se mantienen vigilantes para controlar este tipo de desplazamientos, no sólo desde Irak y Siria sino de otras zonas como el Sahel. Quieren evitarlos en origen y anticiparse al potencial peligro de los yihadistas retornados a países europeos, en algunos casos infiltrados en redes de inmigración irregular.
Reflejo de la actividad antiterrorista es que sólo en 2021 hubo 40 detenidos en España en 23 operaciones policiales, según datos del Ministerio del Interior. El terrorismo de corte yihadista en todas sus variantes contabiliza 102 presos en las cárceles regentadas por Instituciones Penitenciarias.
La caída en 2019 del autoproclamado ‘califato’, anunciado en 2014 por Abú Bakr al Baghdadi desde el púlpito de la gran mezquita Al Nuri, en Mosul, llevó a que decenas de miles de combatientes –en muchos casos con mujeres y niños– ingresaran en cárceles y campos en el noreste de Siria bajo control de las milicias kurdas.
Este es el caso de varias mujeres localizados en campos sirios con sus hijos y menores a su cargo. Sobre ellas pesan órdenes internacionales de detención emitidas por la Audiencia Nacional después de viajar a Siria e Irak, como otros 5.000 europeos que quisieron unirse a las filas del Daesh. Con la pérdida del ‘califato’ se abrió el debate en los países de origen sobre si era posible llevar a cabo un retorno bajo control policial.
