Las partidas para la dependencia previstas para el próximo año serán de 2.629 millones de euros, lo que supone un incremento de 600 millones de euros respecto a las cifras estimadas para 2021.
Según datos del colectivo, 433.000 personas se encuentran en las listas de espera de la dependencia y la media de espera en España es de 15 meses, pero es más del doble o llega hasta dos años en algunas comunidades autónomas. La siguiente prioridad debe ser, en opinión de los directores y gerentes en servicios sociales, mejorar la calidad y la intensidad de las atenciones.
Pero consideran que financiar «sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías autonómicas de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (limbo), con servicios low cost». Según han informado, cuatro comunidades han disminuido en 2020 respecto a 2019 el gasto anual invertido en la atención a personas en situación de dependencia, concretamente Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja
Asimismo, también consideran preciso «acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos, así como regular el copago y la Prestación Vinculada al Servicio».
Para el colectivo, los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia.
Asimismo, reclaman reducir los tiempos de gestión. «Es necesario simplificar procedimientos burocráticos complejos y establecer la prescripción social facultativa», consideran .
