València, 13 mar (EFE)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga varias empresas constructoras y fundaciones de la Comunitat Valenciana que supuestamente realizaron aportaciones económicas encubiertas a la campaña de Rita Barberá en 2007.
Según se desprende de parte del sumario de la pieza A del caso Imelsa, que hasta ahora había permanecido secreto y al que ha tenido acceso Efe, la empresa que contrató el PP municipal para su campaña, Laterne, pudo haber girado facturas a las empresas que aportaron fondos para ocultar dichas donaciones.
En dicha pieza se investigaba hasta la fecha un supuesto delito de blanqueo cometido por los integrantes del grupo municipal del PP antes de las elecciones municipales de 2015 y un supuesto delito electoral en 2011 y 2015.
Tras las nuevas pesquisas se investigan además supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho.
Esta parte de la investigación tiene origen en la confesión y documentación de Laterne revelada por Jesús Gordillo, un exempleado de esta empresa, que además trabajó a las órdenes de una empresa adjudicataria del Ayuntamiento de Valencia y fue asesor del exvicealcalde Alfonso Grau.
Según consta en el sumario, Gordillo hizo llegar a la Fiscalía -con la mediación de un periodista- documentos y facturas de pagos efectuados por Laterne correspondientes a actos de la campaña del PP de 2007, así como un contrato del 3 de abril de 2007 en el que Grau, como «mandatario del PP de Valencia» suscribe con la citada empresa los servicios para la campaña por 150.000 euros.
También aportó correos electrónicos en los que, al parecer, se dan instrucciones para «eliminar la referencia del PP o a actos de campaña en la facturación» de las empresas que subcontrató Laterne.
La Guardia Civil observó indicios de autenticidad en toda esa documentación, por guardar relación con las declaraciones realizadas por la empresa a la Agencia Tributaria.
Esa documentación, según declaró Gordillo a la Guardia Civil, se la quedó cuando trabajaba en Laterne por recomendación de Grau.
Según su relato, tras la campaña de 2007 Laterne no había pagado a varias de las subcontratas, por lo que Grau le ordenó que recogiese de Secopsa un cheque de 150.000 euros y le entregó 350.000 euros en billetes de 500 para hacer frente a dichas deudas.
Asimismo, confesó que por orden de Alfonso Grau se giraron, desde Laterne, facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a dicha entrada de dinero y de esa forma ocultar que eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales del PP.
Siempre según el relato de este testigo, inicialmente las empresas subcontratadas por Laterne facturaron de forma correcta, es decir, indicando los conceptos reales, pero «como el partido no se iba a hacer cargo de los gastos», se eliminaron las alusiones a la campaña y se giraron nuevas facturas.
La Guardia Civil cree que a 29 de febrero de 2008 el PP debía a Laterne 280.000 euros, y que es posible que algunos actos ya se hubiesen abonado, por lo que los gastos de campaña habrían sido aún mayores, por encima de los 150.000 euros comprometidos mediante contrato.
En este sentido, los investigadores sospechan que la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne.
Las investigaciones también se dirigen a las empresas Lubasa, Nou Litoral, FCC, Sociedad Agricultores de la Vega, Contratas Prieto, Construcciones Nagres, Secopsa, Balestesa Valencia, PKL Real Estate, Urbana Ducat, Pavasal, BSB Publicidad, Marina Clara, Xilxes Golf Resort, Construcciones Luján, Prodese Edival, Agora Patrimonial, Edificaciones Prieto, Inmotec, Rover Alcisa o Aprico, muchas de ellas adjudicatarias del consistorio valenciano.
