«El porcentaje de políticos implicados en casos de corrupción en España se aproxima peligrosamente a niveles de Honduras y Guatemala», es una de las conclusiones que el magistrado valenciano y escritor Joaquim Bosch plantea a escasas horas de que este sábado presente en la Feria del Libro de Valladolid su última obra, ‘La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España’.
El autor, quien fuera portavoz de la asociación Jueces para la Democracia entre los años 2012 y 2016, se muestra a favor de «profundas reformas» en los mecanismos de prevención, persecución y castigo de esta lacra difícil de erradicar debido a que tiene «raíces históricas» en nuestro país y que sitúa a éste en los «niveles más altos de toda la Europa democrática».
De hecho, el magistrado y escritor, en una entrevista a Europa Press, refiere que basta con analizar la estadística para comprobar que la corrupción afecta a todos los territorios autonómicos en los que constan políticos condenados, en prisión provisional o encausados, entre ellos presidentes autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades de España.
La «singularidad» de nuestro país radica en que a diferencia de otros, en los que la corrupción es «sistémica»; es decir, afecta a todos los ámbitos, tanto la política, la justicia, la policía y los militares, lo que paraliza por completo el país, mientras que en España dicha lacra afecta fundamentalmente al ámbito político, y es ahí donde Bosch alerta de que «el porcentaje de políticos corruptos se acerca peligrosamente a los que hay en Honduras o Guatemala».
Cerca d 100.000 cargos de alta administración «a dedo»
Buena parte de la causa de esta situación, a su juicio, obedece al hecho de que España, tanto a nivel central, autonómico y local como en empresas públicas y fundaciones, cuenta con cerca de 100.000 cargos de alta administración nombrados «a dedo», ocupando un espacio que en otros países europeos son desempeñados por «profesionales independientes e imparciales que no se ven afectados por los vaivenes políticos y cambios de gobierno».
«Si esos espacios están ocupados por comisarios políticos de los partidos, difícilmente van a saltar las alarmas. Supone una rémora muy importante y acabar con ella supondría un gran avance en la lucha contra la corrupción», destaca el titular del Juzgado número 1 de Moncada (Valencia).
Es ese «conflicto de intereses» entre los dirigentes de los partidos y esa red «clientelar que se ve ya como algo natural» la que, en su opinión, dificulta que los primeros se comprometan en la puesta en marcha de reformas institucionales a nivel estructural, al estilo de países como Dinamarca, Alemania, Suiza o Nueva Zelanda, y del sistema de partidos, «democratizando el acceso de sus afiliados a su tesorería», así como garantizando la independencia judicial para evitar esas «injerencias que tanto nos reprocha el Consejo de Europa».
Bosch recuerda que otra de las singularidades de la corrupción en España es que la misma es sobre todo «funcional», vinculada a la «financiación ilegal de los partidos», actividad que se ha traducido en multitud de sentencias condenatorias por la financiación ilegal de partidos y campañas y la realización de reformas en sus sedes, entre otras ilegalidades.
VOX en la Junta de Castilla y León
Con respecto a la entrada de Vox en el Ejecutivo de Castilla y León, compartiendo gobierno con el PP, el juez, tras advertir de que no debe posicionarse sobre cuestiones de partidos políticos, sí entiende que sería «preocupante» que ese nuevo escenario político en la Comunidad se tradujera en un «retroceso» en materia de derechos humanos porque ello podría conducir a que España quedara fuera del ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Junto a ello, Bosch añade el peligro que pueden suponer también discursos contrarios al sistema autonómico, «ampliamente asumido por la sociedad y que es una de las claves del sistema constitucional», sin olvidar igualmente el riesgo de regresiones en materias tan sensibles como «la protección de la igualdad de género y de las víctimas de la violencia de género».
