El censo se articulará a través de la Dirección General de Memoria Histórica, que ha comenzado a redactar un real decreto para constituir una base central de datos «que compendie la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura».
Según informa el Ministerio de Justicia en un comunicado, el objetivo es que esta base de datos «permita establecer estadísticamente la tipología de las víctimas en función a la distinta naturaleza de la represión sufrida».
«La elaboración de un censo de víctimas, junto a la actualización del mapa de fosas comunes procedentes de la Guerra Civil y la represión franquista, permitirá averiguar el paradero de miles de personas, en número imposible de calcular por el momento, cuya situación actual es la de desaparecidas, y proporcionar a sus herederos la reparación moral o de otro tipo a la que pudieran tener derecho», dice el departamento que dirige Dolores Delgado.
Además, el censo unificará los ya existentes en distintas comunidades autónomas que con carácter público o privado han ido recopilando información de desaparecidos, pero de forma y gestión dispar. De este modo, en una única base de datos se podrá visualizar a las víctimas de la guerra y la represión con las circunstancias particulares de cada caso.
Justicia recuerda que ya la ONU dijo en un informe a España que «una base de datos central es crucial para promover la transparencia, la precisión y la certeza sobre las personas desaparecidas». «Se necesita disponer de datos individuales y estadísticos, en particular con el objetivo de aclarar y distinguir entre víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas», decía el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.
Para ello, los interesados pueden enviar aportaciones hasta el próximo 27 de marzo al buzón de la Dirección General (DG.Memoria.Historica@mjusticia.es), fecha en la que se pondrá fin al plazo de consulta pública.
