En un comunicado, la Conferencia Episcopal ha valorado «positivamente» los acuerdos entre Estados en la gestión de sus problemas, pero ha mostrado su «preocupación» ante las noticias que llegan respecto a la devolución en grupo de menores desde Ceuta a Marruecos.
En su opinión, desde una perspectiva ética, moral y legal, la respuesta a las llegadas masivas «no pueden ser devoluciones masivas, sino que cada caso debería ser examinado de manera personalizada», porque, a su juicio, este tipo de devoluciones en grupo «suponen un grave riesgo para los propios menores».
Así se recoge en el marco jurídico nacional e internacional, para garantizar ante todo la vida y seguridad de los menores. «Recordamos que según este marco se debe contar con el consentimiento de los mismos para su posible repatriación», precisa la CEE.
«No olvidamos, como dijimos en su momento, que nos referimos a niños y niñas a quienes los Estados de origen y llegada deben proteger y escuchar, garantizando individualmente su retorno familiar cuando así lo solicitan, o su cuidado y amparo cuando provienen de situaciones de vulnerabilidad, maltrato, pobreza o explotación», señala el comunicado.
La Conferencia Episcopal Española se pregunta si estos protocolos se plantean individualmente y con el conocimiento de la fiscalía y no como retornos colectivos, tal como se contempla en la Convención de los derechos del Niño de 1989, los tratados internacionales y la Ley orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y la Ley Orgánica 8/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia.
«Ante posibles e inminentes actuaciones, tememos las fugas masivas de los niños de los centros de acogida y la situación de desamparo e impacto en la población que con ello pueda sobrevenir. Por ello, nos emplazamos como Iglesia y sociedad a buscar soluciones basadas en el diálogo entre Estados, la atención personalizada y garantista de derechos, la solidaridad a todos los niveles y la seguridad de todos», concluye la CEE.
