El 28 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que convertía en obligatoria la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y de Formación Profesional. Una medida que provocó el inmediato rechazo de las universidades, que no fueron consultadas antes de su aprobación, y que un año después sigue sin aplicarse.
La cotización obligatoria de las prácticas externas quedó incluida en una disposición adicional del Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Un texto elaborado por el Ministerio de Trabajo que establecía un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.
Tras la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, el 29 de diciembre de 2018 “sin consulta previa a las universidades”, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) advirtió del “grave problema económico difícilmente asumible para las universidades” que suponía la medida.
Los rectores, aunque celebraban “el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que éstas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social”, se mostraron preocupados por sus efectos económicos, y reclamaron al Gobierno de Pedro Sánchez sentarse a negociar su aplicación.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ejerció de mediador entre los rectores y el Ministerio de Trabajo, reuniéndoles a mediados de enero. En aquel encuentro se acordó que la cotización de las prácticas externas universitarias no fuese obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020.
Además, los representantes del Ejecutivo mostraron su intención de que las universidades no cargasen completamente con los gastos de la obligatoria cotización de las prácticas, que la CRUE estimó en más de 100 millones de euros anuales.
LA UNIVERSIDAD “HUBIERA COLAPSADO”
“La universidad no lo puede sufragar, es imposible. Si hubiera entrado ahora en vigor, hubiera colapsado toda la universidad española”, aseguraba en febrero el entonces presidente de la CRUE, Roberto Fernández, en una entrevista a Europa Press.
“Ya expresé mi queja y la vuelvo a reiterar, y una medida de ese calibre, que uno se entere después de que se haya promulgado, no me parece de recibo”, apostillaba Fernández, rector de la Universitat de Lleida.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también criticó entonces al Gobierno de Pedro Sánchez por la “imposición” de la cotización obligatoria de las prácticas académicas sin “diálogo social”, alertando del “incremento de costes para las empresas” que ponía en peligro, según la patronal, el futuro de estas prácticas.
MÁS DE 500.000 ESTUDIANTES
La medida impulsada por el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio, beneficiaba a 534.000 estudiantes españoles según el Gobierno, provocó alguna fricción con el Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celaá, como quedó patente en una comparecencia en el Congreso sobre este asunto solicitada por el Partido Popular. Allí, Celaá recomendó al PP que pidiera explicaciones a la ministra Valerio.
“Deberían habérsela cursado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”, dijo Celaá en la comparecencia, celebrada en febrero. Días después, en una entrevista a Europa Press, la ministra de Educación reconocía que supo de la medida en la reunión del Consejo de Ministros donde fue aprobada.
Aquel mes de febrero se produjo el adelanto electoral para abril, y tras las elecciones se prolongó una situación de bloqueo político que mantuvo al Gobierno en funciones durante meses, llegando así al inicio del curso académico 2019-2020 en el que debería empezar a ser obligatoria la cotización de las prácticas.
“Todo indica que el curso empezará sin ese reglamento, pero genera mucha incertidumbre en todas las administraciones y empresas que colaboran con la universidad, que nos piden el compromiso de que abonemos nosotros la cotización a la seguridad social en el caso de que llegue la aplicación de esta medida”, afirmó en verano a Europa Press el nuevo presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos.
El también rector de la Universidad de Córdoba vaticinaba entonces que la cotización obligatoria de las prácticas se postergaría un curso más porque requería “desarrollar un reglamento” que la situación de interinidad del Gobierno impedía desarrollar. “Está todo parado”, precisaba. Una situación que todavía persiste, un año después d
