La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) solicita al Gobierno que estudie y apruebe un plan de ayudas específicas a los medios de comunicación para evitar que el desplome de la publicidad, debido al parón de la economía y las medidas de emergencia derivadas de la pandemia del coronavirus, cause el cierre de empresas editoras y despidos generalizados.
La FAPE alerta al Gobierno de que el periodismo, uno de los pilares de la democracia, no puede permitirse una repetición de la crisis del decenio de la recesión, donde el sector de los medios fue uno de los más golpeados, con 13.000 empleos perdidos y decenas de empresas cerradas.
La desaparición de medios no solo es grave por la pérdida de empleos, sino que afecta también a la necesaria pluralidad informativa que exige la democracia para que los ciudadanos formen su propia opinión y tomen sus decisiones en libertad.
El Gobierno debe considerar el impagable servicio público que, en esta durísima crisis, están prestando a la sociedad aquellos medios que apuestan por la información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables, base del periodismo de calidad, que es sin duda la mejor barrera contra las noticias falsas, los bulos y los rumores que tanto daño están haciendo a la personas y a la democracia.
Los medios y los periodistas están haciendo un esfuerzo formidable para garantizar el derecho de información de los ciudadanos. A su vez, el crecimiento de las audiencias en estos días confirma que los ciudadanos aprecian el alto servicio público que les están ofreciendo los periodistas y los medios que se sostienen en el mencionado periodismo de calidad.
Para mantener este imprescindible bien público esencial, la FAPE considera oportuno y necesario un plan de ayudas específico para los medios, condicionado siempre a asegurar el mantenimiento del empleo en unas redacciones que resultaron ya muy debilitadas durante la pasada recesión.
Si, como piden los editores, una de las medidas pasara por el incremento de la publicidad institucional, la FAPE reclama la máxima transparencia y pluralidad en el reparto de la inversión.
