El presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, da por hecho el apoyo de Vox contra la Ley de Memoria Democrática que ha presentado este martes el Gobierno y espera que el PP “también reaccione”.
“No porque la ley vaya contra la fundación sino porque es contraria a la libertad de expresión de cualquier español”, ha dicho en declaraciones a Europa Press. Chicharro tiene “garantía” del presidente de Vox, Santiago Abascal, “de que van a hacer una oposición fuerte”. En cuanto al PP, no ha contactado con la dirección pero sí con algún veterano que ha mostrado su acuerdo con él.
A juicio de la FNFF, la ley “es liberticida y de todo menos democrática”, y es “totalitaria porque pretende definir por ley lo que es la historia en vez de dejárselo a los historiadores”. “Pretende imponer un dogma como solo pasa en Corea del Norte o en Venezuela”, ha denunciado, “e implantarlo en los colegios, y el que se salga del dogma, como en un buen país comunista, será sancionado”.
Chicharro también ha tildado la ley de “sectaria” porque solo habla de las víctimas de un bando, olvidando que hubo dos, y también de las “víctimas del FRAP, del GRAPO y de ETA”, a pesar de abarcar un periodo que terminó en 1978.
Así, cree que la ley va contra principios recogidos en la Constitución como la libertad de opinión, de pensamiento y de cátedra, así como contra la igualdad de los españoles, porque “discrimina a los que no piensan como el señor Sánchez y la señora Calvo”.
Además, ha tachado de “lamentable” el proyecto de “resignificación” del Valle de los Caídos, que supondrá la expulsión de los monjes benedictinos, y se ha preguntado si se convertirá “en un parque temático”. También, que sucederá con la cruz: “en cuanto puedan la derribarán como hicieron los talibán”, ha dicho –en alusión a la destrucción de ‘budas’ gigantes en Afganistán–.
LA APOLOGÍA SERÁ UN PROBLEMA PARA LOS JUECES
En cuanto a la situación de la propia fundación, teniendo en cuenta que la ley creará un procedimiento para su ilegalización, Chicharro ha dejado claro que está dispuesto a ir a los tribunales, y que entonces serán los jueces los que “van a tener un problema para decidir qué es apología del franquismo”.
“¿Si yo digo que Franco trajo al Rey es apología del franquismo? ¿Si digo que creó las pagas extras de los funcionarios? ¿Si digo que con 30 millones de españoles creó seis millones y medio de viviendas sociales es apología del franquismo?”, se ha preguntado. Según su presidente, la fundación no descarta irse de España, “a un país libre”, si se ilegaliza.
