La futura ley de trata que prepara el Gobierno contemplará un plan de inserción sociolaboral para las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que irá con cargo a los fondos europeos, según ha avanzado la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas.
«La ley incorpora un plan de lucha contra la trata específico contra la explotación sexual que contempla un plan de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de trata y de explotación sexual, que iría con cargo a los fondos europeos», ha explicado Morillas este miércoles durante un seminario online en el que se han presentado dos guías para incorporar la perspectiva de género a los proyectos financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según ha precisado la directora del Instituto de las Mujeres, «hay un proceso abierto de elaboración de la ley de trata que ya concluyó el proceso de consulta pública previa»; y ha añadido que, por parte del Ministerio con el liderazgo de la Delegación de prevención de la violencia de género, «se han hecho ya varias reuniones con organizaciones sociales que vienen trabajando en este tema».
Precisamente, esta misma semana, Antonia Morillas, ha mantenido una reunión con representantes de Médicos del Mundo a fin de explorar vías de colaboración para facilitar la inserción sociolaboral de las mujeres en situación de prostitución.
Morillas trasladó a la ong el interés de este organismo en trabajar estrechamente para mejorar las condiciones de vida de estas mujeres, a través de itinerarios personalizados en los que se trabaje su cualificación y formación y «se las acompañe hacia su empoderamiento», que les permita incorporarse al mercado laboral.
También manifestaron su «preocupación» sobre el consumo de pornografía en edades tempranas, un tema sobre el que ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de abordar «una intervención integral de educación afectivo sexual que involucre a los centros educativos, el entorno familiar y los grupos de iguales, que evite que los jóvenes normalicen prácticas que constituyen vulneraciones de Derechos Humanos».
