Madrid, 5 nov (EFE).- Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez Pablo Ruz no ha encontrado relación entre las adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP a las empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas y dichas entregas de dinero, lo que descartaría un delito de cohecho.
El informe analiza las adjudicaciones de gobiernos del PP a las quince empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes al partido de 4,8 millones de euros, sociedades que recibieron un total de 22.452 millones en contratos públicos de 2002 a 2009. En sus conclusiones, la IGAE afirma que «no parece existir una correlación temporal general» entre las donaciones de dinero que el exgerente del PP anotó en su contabilidad paralela y «los volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas». Tampoco ve esa relación en adjudicaciones concretas, ya que indica que no hay «informaciones suficientes en el expediente» de estos contratos para pronunciarse sobre si existió.
La unidad de auxilio judicial de la IGAE (órgano de control de la Administración del Estado adscrito al Ministerio de Hacienda) ha elaborado este informe, de 147 páginas a petición del juez de la Audiencia Nacional para intentar esclarecer si las adjudicaciones públicas pudieron responder a comisiones al PP en forma de donativos en metálico.
Las empresas analizadas, todas ellas reflejadas en los papeles de la contabilidad B del PP como donantes, son Sacyr, FCC, OHL, Aldesa, Sando, Assignia, Azvi, Bruesa, Licuas/Desprosa, Asedes, Cyopsa-Sisocia, Construcciones Rubau, Degremont, Sorigue y José Antonio Romero Polo. Bárcenas anotó que realizaron donativos al partido por un total de 4.826.131 euros, en cantidades que van desde los 1.250.000 euros de Sando, la empresa que más dinero donó, a los 48.000 que supuestamente dio Bruesa, la que menos.
Tras no encontrar conexión entre donativos y adjudicaciones en términos generales ni en contratos concretos, los funcionarios de la Intervención del Estado analizan la cantidad de adjudicaciones de gobiernos populares que recibieron las empresas antes y después de las elecciones generales de 2004. Respecto a los contratos públicos que recibieron del Estado, hay «evoluciones dispares» dependiendo de las empresas, indica la IGAE. En 2002 y 2003, las adjudicaciones del Gobierno del PP supusieron un 28 % de su facturación, porcentaje que subió al 30 % de 2004 a 2009.
Por tanto, en términos generales las empresas recibieron más contratos públicos tras las elecciones generales, algo que ocurre en todos los casos menos OHL, Assignia, Bruesa, Construcciones Rubau y Aldesa, que registraron menos peso de la contratación pública del PP tras el 2004.
En cuanto a las adjudicaciones por parte de gobiernos autonómicos y entidades locales del PP, ocurre lo contrario y las empresas donantes reciben, en términos generales, menos contratos públicos a partir de 2004. Así, de 2002 a 2003 las adjudicaciones del PP suponen un 18,5 % de su facturación, frente a un 16 % de 2004 a 2009. Como excepciones, sí registran un cambio a más contratación Sacyr, OHL, Sando, Assignia, Aldesa, Azvi y Licuas. Sumando las adjudicaciones del Estado con las de las Comunidades Autónomas y las de los ayuntamientos, la IGAE concluye que disminuyeron tras las elecciones de 2004, en concreto de un 22,8 a un 20,3 %. La unidad de apoyo judicial de la IGAE ya se pronunció hace un año sobre algunas de las empresas donantes y ya dijo entonces que no había conexión entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones públicas.
