La caza persigue a los malos cazadores y se ha personado como acusación popular en el juicio por el doble crimen de dos agentes rurales en Aspa (Lleida), a manos de un cazador al que sorprendieron en una batida de zorzal, sin licencia ni permiso de armas ni al corriente de la cuota de pago del coto.
El sector está representado por el abogado de Ciudad Real Santiago Ballesteros, que ejerce la acusación en nombre de la Federación Catalana de Caza y la Oficina Nacional de la Caza. “Queremos demostrar que el acusado, que ha reconocido que disparó a los agentes, es un pistolero, alguien indigno de llamarse cazador”.
Compromiso con las familias y los agentes rurales
La caza también está en el juicio por “su compromiso con las familias, con el cuerpo de agentes rurales, con la administración cinegética y la sociedad en general”, y exigir una condena ejemplar para Ismael Rodríguez, un hombre de 30 años, para el que esta parte pide cincuenta años de cárcel, veinticinco por cada agente asesinado.
50 años de cárcel, 25 por cada muerte
“Pedimos una pena tan abultada teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la alarma social que generaron, la gratuidad de la agresión, y que afectó a dos personas en la flor de su vida que dejan viuda y dos niños pequeños”, argumenta el letrado.
La Oficina Nacional de la Caza también acusa a Rodríguez de tenencia ilícita de armas, delito contra la fauna, y atentado a la autoridad.
“A estas personas hay que expulsarlas de nuestro colectivo y de la sociedad”, remarca el abogado ciudarrealeño.
Homicidio o asesinado, el dilema del jurado
En el juicio, en el que un jurado popular dilucidará entre si Rodríguez, que reconoce que disparó, cometió dos homicidios o dos asesinatos, está previsto que quede visto para veredicto este miércoles, tras dos sesiones en la Audiencia Provincial de Lleida.
Dos años del doble crimen
El inicio del juicio ha coincidido con el segundo aniversario del doble crimen de Xavier Ribes (43 años) y David Iglesias (39 años), el 21 de enero del 2017 cuando hacían un control rutinario de caza en el coto de Aspa.
Las acusaciones consideran probado que aquel día el asesino confeso, vecino de Vacarisses (Vallès Occidental), fue a cazar al coto de Aspa con unos compañeros sin licencia en vigor ni cuota del coto, y con una escopeta a nombre de Miguel Àngel F.S. (que comparte banquillo como cooperador necesario en el delito de tenencia ilícita de armas).
Disparó a sangre fría en zonas vitales
El grupo se dispersó para la batida cuando poco antes de las once de la mañana se plantaron delante de Rodríguez,, solo en esos momentos, los dos agentes rurales para hacerle una inspección rutinaria. Las acusaciones sostienen que como sabía que estaba infrigiendo la ley y que los agentes no iban armados, les disparó cuatro tiros a cada uno, a una distancia de entre tres y ocho metros, “en zonas vitales [la cabeza] y sin mediar discusión previa”.
La defensa intenta demostrar en el juicio que el acusado no está completamente en sus cabales, algo que cuestiona esta acusación, “hasta ahora no nos han traído ninguna prueba que demuestre que padece alguna anomalía psiquiátrica”.
Además de la fiscalía y la acusación particular de la Federación de la Caza en el juicio también acusan las familias de las víctimas, la Generalitat de Cataluña y un sindicato de agentes rurales.
