La Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha recogido en un nuevo informe las continuas violaciones de los derechos de las mujeres impuestas por el régimen talibán desde que el grupo islamista tomó el poder en agosto de 2021.
Entre octubre y diciembre de 2023 se han confirmado nuevas violaciones de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, de la educación, la sanidad o de la libertad de movimiento, en gran medida relacionadas con las intervenciones del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio talibán.
La UNAMA constata así que las autoridades islamistas incumplen sus propias normas sobre la obligatoriedad del uso del hiyab para las mujeres. La ley vigente prevé varios avisos y castigos progresivos en caso de reincidencia, mientras que en la realidad las mujeres que son sorprendidas sin cubrirse la cabeza son detenidas “arbitrariamente” durante horas y liberadas solo tras firmar sus familiares un compromiso de no repetición.
Muchos otros casos están vinculados con el custodio masculino o ‘mahram’, que según la versión más conservadora de la ‘sharia’ o ley islámica debe acompañar siempre a una mujer en lugares públicos y para realizar ciertas actividades.
El documento recoge un caso que se registró en Kandahar el 26 de diciembre, cuando el Departamento de Propagación de la Virtud visitó una estación de autobuses para recordar que las mujeres no pueden viajar solas sin un ‘marham’.
En otros casos se impide a las mujeres trabajar o directamente se las despide si no están casadas o acompañadas por un ‘marham’. El 1 de octubre fueron detenidas tres trabajadoras sanitarias por ir a trabajar sin compañía masculina.
En lo que respecta al divorcio, ahora vetado, la UNAMA ha documentado cómo al menos dos tribunales han admitido recursos contra divorcios consumados en la época republicana. En ambos casos se confirmó la validez de las separaciones, pero ordenaron a las mujeres pagar una compensación a su ya exmarido.
Todo ello se enmarca en una “falta de claridad sobre la legislación aplicable a las denuncias de violencia de género contra mujeres y niñas”.
SITUACIÓN DE LOS DDHH
En cuanto a la situación de los Derechos Humanos en general, la UNAMA ha constatado de nuevo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y maltratos a antiguos miembros de las autoridades anteriores o militares a pesar de la amnistía general anunciada por los talibán tras tomar el poder.
El informe recoge además detenciones, condenas y algunas liberaciones de activistas de los Derechos Humanos y trabajadores de medios de comunicación. En ese sentido constata “continuas infracciones del derecho a la libertad de expresión”. También se continúa con los castigos físicos en público publicitados con antelación en redes sociales.
Igualmente se han detectado atentados contra la minoría chií hazara con al menos tres atentados con bomba graves entre octubre y noviembre. El 13 de octubre un suicida mató a 21 personas en una mezquita chí de Pul e Jumri, el 26 de octubre una bomba en un club deportivo a las afueras de Kabul mató a ocho personas y el 7 de noviembre un atentado contra un autobús costó la vida a once personas en Dasht e Barchi, en Kabul.
Estado Islámico ha reivindicado estos atentados y ha señalado abiertamente a los hazaras como su objetivo. En otros ataques de menor gravedad posteriores no hubo reivindicación de la autoría.
La UNAMA menciona además la muerte de al menos once personas y heridas de otras 51 por la activación de municiones que no habían explosionado. Además se refiere a la expulsión forzosa de afganos de Pakistán. El 3 de octubre el Gobierno afgano anunció un plazo de 28 días para la salida voluntaria del país.
RESPUESTA TALIBÁN
El Gobierno talibán ha publicado un comunicado en redes sociales en respuesta a este documento en el que atribuye a información “sesgada” o “malinterpretada” estas acusaciones.
“La UNAMA critica (…) o califica las normas islámicas como actos contra los derehos humanos, lo que evidentemente es un insulto para las creencias del pueblo”, ha argumentado el portavoz talibán, Zabihulá Muyahid. En cambio, “el abandono de las leyes islámicas condena a la opresión, la violencia, la corrupción y el conflicto social”.
“El informe se centra en la aplicación de la ‘sharia’ islámica cayendo en la ignorancia y el desconocimiento de las normas de la ‘sharia’ islámica” y su “necesaria aplicación”, ha añadido.
