Así lo ha expresado la organización en un nuevo informe en el que ha subrayado que en los últimos tiempos «Rusia se ha aislado de sus socios internacionales, ha reprimido a la oposición política, ha sofocado actitudes críticas hacia el Kremlin o ha silenciado medios de comunicación».
«La represión se ha intensificado gradualmente desde 2012 y ha alcanzado su punto álgido con las nuevas leyes de reforma aprobadas tras el inicio de la guerra», ha sostenido la OSCE en dicho informe.
La gran parte de las nuevas disposiciones legales aprobadas en el último año estarían obligan a las ONG, activistas anticorrupción, a los periodistas y a defensores de los Derechos Humanos, a reducir o dejar de realizar sus actividades o incluso a abandonar el país.
La OSCE ha señalado que a pesar de que Constitución rusa de 1993 están en consonancia con los compromisos de la organización en materia de Derechos Humanos, en los últimos años los organismos federales y regionales encargados de hacer cumplir la ley han pasado a estar bajo el control directo del presidente Vladimir Putin.
En este sentido, el informe del organismo recalca que las leyes más restrictivas como la llamada Ley de Agentes Extranjeros, las restricciones a la libertad de expresión con la nueva ley de noticias falsas, o la regulación de los medios de comunicación y de Internet «no se ajustan a las normas de la OSCE basadas en el pluralismo y en una sociedad civil fuerte e independiente».
Asimismo, según el organismo, la propaganda, la presión en la formación de opinión, el uso del derecho penal para otros propósitos, el uso de la violencia contra organizaciones sociales y los medios, la dispersión de asambleas pacíficas y la ineficaz investigación de los asesinatos de periodistas «han creado un clima de miedo e intimidación».
