En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado que han tomado esta decisión a la vista de la “la escasísima información recibida” por parte de las distintas diócesis sobre casos de abusos sexuales a menores. En concreto, ha precisado que solo han recibido contestación de 29 de las 70 diócesis.
Fuentes de la CONFER han asegurado a Europa Press que, dentro de su modo de proceder, están “abiertos a colaborar con instancias oficiales (Defensor del Pueblo, Fiscalía y Conferencia Episcopal) en aras de una mayor transparencia”.
Además, han asegurado que llevan “colaborando tanto con el despacho de Cremades & Calvo-Sotelo –que se ocupa de la auditoría encargada por los obispos españoles– como con el Defensor del Pueblo, desde el primer momento” que se les solicitó.
Los religiosos españoles ven “capital” la figura del Defensor del Pueblo en esta investigación y afirman que han puesto a su disposición los informes que ha pedido a las congregaciones y de los que disponen “con toda claridad”, así como “los procesos de trabajo en formación de agentes, protocolos y fortalecimiento de oficinas” para “dar pasos comprometidos en elementos fundamentales de prevención”.