MADRID, 27 Feb. (OTR/PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley para la modificación de las tasas judiciales por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias judiciales para así facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
La supresión de tasas se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que desde la creación de las tasas en 2002 por el PP, éstas se han ido ajustando y, en alusión a la reforma de este viernes, ha dicho que se trata de una «mejora».
Esta medida, que ya fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la Nación, es una propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y persigue el objetivo de que «ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos» y que la Justicia «esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva.
Eso sí, se mantienen las tasas para personas jurídicas, es decir, para empresas. Preguntado en concreto sobre las pequeñas y medianas empresas, el ministro ha recordado que ya están exentas de pagarlas hasta los 2.000 euros.
PROPUESTA DE CATALÁ
Al suceder a Gallardón al frente del Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael Catalá, anunció que las tasas volverían a revisarse y ya tiene casi ultimada la propuesta que va piensa elevar en breve al Consejo de Ministros. Eso sí, tiene que recibir el visto bueno también del Ministerio de Hacienda ya que podría suponer merma de ingresos para las arcas públicas.
Rafael Catalá ha preparado esta modificación que beneficia a las personas físicas afectadas por esta tasa y que se acerca a las reivindicaciones que plantearon sectores profesionales a raíz de la propuesta impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
La Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
OPOSICIÓN A LA REFORMA
Sin embargo, varios sectores profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.
Al suceder a Gallardón al frente del Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael Catalá, anunció que las tasas volverían a revisarse.
Su propuesta, que este viernes ha elevado al Consejo de Ministros, es coherente con la posición que Catalá mantuvo en 2003 cuando era secretario de Estado de Justicia (con José Michavila como ministro) al defender las tasas judiciales pero no para las personas físicas, sino únicamente para las jurídicas (sociedades y empresas).
Por otro lado, sobre si desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera, Catalá ha negado que estén «desaparecidos».
