El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha cargado este miércoles contra las medidas destinadas a «neutralizar» las sentencias que «no son conformes con el interés político del momento», poniendo de ejemplo la «desjudicialización» del ‘procés’, al tiempo que ha advertido del «riesgo» de que dicha «desjudicalización» acabe provocando una «huida de la ley».
Así lo ha señalado en el acto de apertura del año judicial que ha tenido lugar este miércoles en el TS ante el Rey Felipe VI y con la ausencia del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha dado positivo en COVID-19. Este año es el cuarto consecutivo que se celebra el encuentro con el CGPJ en funciones y, en esta ocasión, marcado por las negociaciones para consensuar los nombres de los dos magistrados que el Consejo debe designar al Tribunal Constitucional (TC).
«El respeto al Derecho comporta, ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial, pues solo a través de ella se garantiza la efectividad de las normas jurídicas. Entenderlo de otra manera es considerar el Derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento», ha dicho.
Lesmes ha puesto de ejemplo «ese reciente discurso político que aboga, sin mayores precisiones, por la ‘desjudicialización’, en referencia a los hechos acontecidos en Cataluña en el año 2017».
De esta forma, ha reprochado que «se habla sin rubor alguno de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran éstos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad».
«Existe el riesgo de que de materializarse esa anunciada desjudicialización lo que se acabe produciendo es una huida de la Ley o, lo que es más grave aún, del principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos, pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política», ha añadido.
Lesmes ha recordado que «el valor Estado de Derecho en nuestra democracia no solo exige reconocer el principio de separación de poderes, la independencia de los jueces y el respeto a sus decisiones», sino que «supone antes que nada el reconocimiento de la primacía del Derecho, al que deben sujetarse todos los poderes públicos y las personas privadas, ya que en las democracias se gobierna a través de las leyes».
«Ni es lícito contraponer principio democrático con principio de legalidad, ni admisible que una autoridad pública invoque su origen democrático para infringir la ley. Esta es la esencia misma del Estado de Derecho», ha remachado.
Y ello, ha querido apostillar, «sin perjuicio de admitir, e incluso de ponderar positivamente, que la acción política precisa en ocasiones de la adopción de medidas excepcionales para solucionar, o mitigar al menos, algunos de los graves problemas que aquejan a nuestra Nación, en especial los de naturaleza territorial».
Al hablar del ‘procés, Lesmes ha reivindicado «la labor de los jueces españoles y, muy especialmente, por encontrarse en esta sede, la de los magistrados y magistradas del TS, en defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento».
DEFIENDE TODAS LAS SENTENCIAS POR CORRUPCIÓN
El jefe del Poder Judicial ha mencionado otro «ejemplo paradigmático» para «poner en valor el extraordinario servicio prestado a la sociedad española durante los últimos años por unos jueces absolutamente independientes en la defensa de nuestro Estado de Derecho, que nunca han estado dispuestos a rendir sus togas a otros intereses que no sean los de la Justicia».
Este segundo ejemplo, ha indicado, es «el combate librado contra el fenómeno de la corrupción». Lesmes ha señalado la aplicación de la ley como «el remedio más eficaz», «siendo necesaria también la máxima transparecencia en todas las actuaciones públicas para recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones».
«En esta lucha contra la corrupción los jueces españoles han actuado eficazmente, con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia Ley establece», ha destacado.
En este punto ha hecho hincapié en que los jueces y magistrados han actuado así «sin que las críticas interesadas en este campo hayan conseguido debilitar a nuestra Justicia ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales», y «pese a que no es infrecuente que quien ayer aplaudía la sentencia que condenaba a su rival hoy desacredita la que le afecta a él, cuando a menudo ha sido dictada por los mismos magistrados».
«TENSIONES INSOPORTABLES»
Lesmes ha lamentado que «estos ejemplos y otros muchos que podrían ponerse han determinado que la imagen que la ciudadanía tiene del Poder Judicial haya experimentado una gradual y llamativa mejoría en la última década, según se desprende de los estudios demoscópicos».
En particular, ha denunciado que «la Justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y a minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella».
En este contexto, ha recalcado que, «según la Constitución, la democracia española está indisolublemente unida al Estado de Derecho y éste a la existencia de un Poder Judicial independiente».
