La situación de los centros penitenciarios es comparable a la de las residencias de ancianos. Son centros cerrados en los que se encuentran muchas personas con factores de riesgo que pueden hacer aumentar el impacto o la mortalidad de esta enfermedad. Con el decreto de estado de alarma, para prevenir la entrada del COVID-19 en las prisiones, los centros penitenciarios prohibieron las visitas y los permisos a los reclusos. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Enfermería Penitenciaria (ANEP) reclama test rápidos de COVID-19. “A fecha de hoy, no nos consta que existan test rápidos para poderlos realizar en prisiones, lo cual nos genera muchísima incertidumbre. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando haya un caso sospechoso de ser positivo, si podemos hacer nuestros test dentro de nuestra propia función, si tendremos que mandarlos a un hospital, qué ocurriría en el caso de que hubiera que hacer numerosas pruebas por la saturación que existe en las prisiones. La verdad es que todo esto nos genera una incertidumbre que se ve incrementada con el miedo a qué pueda pasar”, introduce Jesús Marín, secretario de la Asociación Nacional de Enfermeros de Prisiones (ANEP).
Protocolo de actuación
Desde ANEP reclaman, además, el desarrollo urgente de un protocolo de actuación para la sanidad de Instituciones Penitenciarias ante el coronavirus. Piden a Isabel Avendaño, directora de programas de enfermería de la subdirección general de sanidad penitenciaria, el desarrollo inmediato de un protocolo sanitario. Se sienten inseguros sin una regulación específica: “la población reclusa es una población especial, no podemos negar lo evidente, se rige por sus propias reglas y no sabemos cómo reaccionarán cuando empiece a haber positivos -ojalá no fuera así- pero más tarde o temprano ocurrirá”, explica el secretario de ANEP.
Material
Otro de los puntos clave en los que se centra la Asociación Nacional de Enfermeros de Prisiones es la custodia del material. En este momento, el material sanitario en los centros penitenciarios es custodiado por personal no sanitario. “Nos encontramos con centros donde un administrador es el que custodia el material sanitario, cuando debería serlo un profesional de la salud”, critica Marín.
Además, afirma que no son conscientes realmente del material que tienen disponible. “No sabemos ni el número, ni el tipo de material ni el estado en el que se encuentra. Exigimos una demostración del material que hay”, reclama Jesús Marín.
Autonomía en su trabajo
Asimismo, exigen más autonomía en su trabajo y exigen contar con las mismas condiciones que el resto de enfermeros del Sistema Nacional de Salud (SNS). “Queremos ser como el resto de enfermeros de la Sanidad pública, ser una profesión independiente formada, con capacidad de trabajo dentro de nuestras competencias, sin depender jerárquicamente de alguien que no sea personal sanitario, algo tan fácil de cumplir como derogando el artículo 324 del reglamento penitenciario”, resalta Jesús Marín. Explican que esta inseguridad jurídica en la que se encuentran está poniendo en peligro el desempeño profesional de estos enfermeros, consideran que con el estado de alarma y la reducción de salidas y visitas a los internos la inseguridad e incertidumbre puede agravarse. Por esta razón, reclaman una acción rápida de Instituciones Penitenciarias para regular la situación.
Apoyo del Consejo General de Enfermería
“Nuestro compromiso con las enfermeras y enfermeros de Instituciones Penitenciarias es firme, creemos que deben contar con las mismas condiciones que el resto de profesionales. Estamos luchando en una batalla brutal contra este agente tan contagioso. Será un error si se descuidan los centros penitenciarios, cuyos enfermeros llevan años reclamando unas condiciones dignas de trabajo y no el reglamento arcaico con el que se rigen. Pedimos al Gobierno de España que proporcione a estos profesionales todos los medios que necesitan para protegerse y no resultar infectados, insisto en que hay muy pocos profesionales en este ámbito también, porque sólo así podrán cuidar a esa población reclusa en la que la expansión del coronavirus puede causar estragos”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.
