Un segundo informe de los letrados del Congreso incide en las dudas de constitucionalidad de la Ley de Amnistía que registró el PSOE y que tramita la Cámara.
La proposición de ley fue objeto de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan “palmarias” como para vetar su tramitación.
Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia, que fueron secretarias generales de la Cámara con presidentes del PP, las que inciden en esas dudas, “aun excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaria y evidente” y subrayando “la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales”.
En uno de los párrafos, las letradas señalan que “se aprecia falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley, tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron, que no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley”.
