Los trabajadores que estuvieron en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) el año pasado y cuyos ingresos brutos del trabajo se situaron entre los 14.000 y los 18.000 euros anuales tendrán una tributación final mayor que la que les hubiera correspondido si solo hubieran tenido un pagador, cualquiera que sea su residencia en territorio común, según ha constatado este jueves el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Durante una rueda de prensa telemática para presentar las novedades estatales y autonómicas de la declaración de la Renta y Patrimonio de 2020, el REAF ha puesto varios ejemplos con distintas rentas brutas del trabajo, entre 14.000 y 21.000 euros, comparando, por cada comunidad de territorio común, la tributación final que tendrán en caso de que hayan estado en ERTE y en el supuesto de que hubieran percibido la misma cuantía solo de su empresa.
En este sentido, constatan que los trabajadores con ingresos brutos del trabajo de entre 14.000 y 18.000 euros cobrados de dos pagadores en 2020, pagarán más IRPF que con un solo pagador, con independencia de donde tengan su residencia.
“Esto se produce porque en ese intervalo de rentas se aplica la reducción por rendimientos de trabajo, que produce una gran progresividad, progresividad que se corrige por el reglamento para el cálculo de retenciones. Eso hace que los contribuyentes con esas rentas, en general, tributen menos cuando tienen un solo pagador, al no tener que presentar declaración”, argumenta.
El REAF ha destacado algunas de las novedades de esta Campaña, pero también ha aprovechado para apuntar las líneas que debería seguir la “inevitable” reforma fiscal que se plantea a medio plazo.
Los economistas especializados en materia fiscal consideran que los impuestos troncales en España tienen un diseño similar al de los países de su entorno, que se ha hecho un esfuerzo de reducción de beneficios fiscales y que los tipos impositivos que se aplican son “relativamente elevados”.
Pese a ello, entienden que a medio plazo es necesario emprender varias reformas, sobre todo las de la financiación autonómica y local, con la correlativa modificación de los tributos ligados a las mismas, poniendo orden en la tributación de la riqueza y en la tributación ambiental, además de seguir limitando los beneficios fiscales vigentes “en la medida de lo posible”.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha subrayado que cuando se habla de la reforma fiscal siempre se hace alusión a que la presión fiscal en España está entre 7 y 8 puntos del PIB por debajo de la media europea.
En este sentido, Pich considera que “quizá esta menor presión fiscal no sea debida a que se paguen menos impuestos” en España, sino a que, entre otras variables, el número de contribuyentes es muy inferior al del resto de países de la UE. “Sería deseable que la reforma fiscal fuera encaminada a incentivar la actividad económica y la creación de empleo”, ha apuntado al respecto.
Para solucionar el problema de la excesiva litigiosidad y retraso en la resolución de los conflictos fiscales, el presidente del REAF, Agustín Fernández, ha propuesto dotar de más medios a los Tribunales Económico-Administrativos y establecer sistemas de mediación para resolver determinados procedimientos de revisión tributarios.
