Tras anunciarse la Estrategia de Vacunación COVID-19 el pasado mes de noviembre, la organización trasladó “de inmediato” al Ministerio de Sanidad la predisposición de ofrecer todos sus recursos e infraestructuras para contribuir a agilizar la administración de las vacunas bajo las directrices de la sanidad pública.
“El Ministerio de Sanidad ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la planificación de la administración de vacunas en sus respectivos territorios, por lo que, ante la ausencia de un plan nacional que contemple la colaboración de la sanidad privada como parte del Sistema Nacional de Salud, son cada una de las administraciones sanitarias regionales las que deciden si hacerlo o no”, han detallado desde la organización.
Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha aprobado oficialmente la incorporación de la sanidad privada a sus planes de vacunación. Lo ha hecho a través de la publicación de una orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) mediante la cual las autoridades sanitarias tienen la capacidad para habilitar y disponer de espacios e instalaciones adecuadas, públicas o privadas, para desarrollar la campaña de vacunación frente al Covid-19, así como para poner a su disposición a los centros sanitarios privados y sus profesionales para dicha tarea durante la emergencia sanitaria.
Además, Cataluña, Andalucía, Canarias y Murcia han expresado su intención de hacerlo a medida que se disponga de más dosis de las vacunas que debe recibir España a través de la Unión Europea. Así, el Gobierno catalán ha constatado recientemente que se apoyará en la sanidad privada, al menos a través de los centros concertados.
Por su parte, Canarias va a contar con la infraestructura sanitaria privada para vacunar a ciertos colectivos esenciales como farmacéuticos, fisioterapeutas y odontólogos, entre otros. Estas cinco comunidades autónomas suman el 56 por ciento de la población española.
“Desestimar la infraestructura sanitaria privada para agilizar la vacunación de la población sería una irresponsabilidad por parte del resto de autonomías, tanto por la capacidad de ASPE (más de 312.000 profesionales, 460 hospitales y miles de clínicas repartidas por todo el territorio nacional) como por la experiencia y familiaridad con los sistemas de centralización de datos habitualmente utilizados por la sanidad pública en otros planes de inmunización como la gripe”, han dicho desde la patronal.
Asimismo, prosiguen, la colaboración de la sanidad privada puede contribuir a la descongestión de los centros de atención primaria públicos, cuyo propio personal califica de “inasumible” alcanzar los objetivos. Y es que, según lo previsto en la propia Estrategia de Vacunación Covid-19 del Ministerio de Sanidad, entre mayo y junio deberían estar vacunados entre 15 y 20 millones de personas.
Para alcanzar los objetivos de esta estimación, el número de vacunaciones debería situarse en cerca de dos millones de personas cada semana a partir de finales de febrero (entre primera y segunda dosis) para alcanzar el cien por cien de vacunación en diciembre de 2021.
“España no puede asumir el riesgo de quedarse atrás frente a economías que sí están activando todos los mecanismos para alcanzar la inmunidad en verano, como Reino Unido, Alemania, Suiza, Grecia. Alcanzar la inmunidad-país cuánto antes debería ser en estos momentos una prioridad absoluta porque además de la salud está en juego la recuperación de nuestra economía y de muchos puestos de trabajo”, ha apostillado el presidente de ASPE, Carlos Rus.
Finalmente, la organización ha recordado que Alemania, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Rumanía y Suiza tienen totalmente integrada a la sanidad privada en sus planes de vacunación.
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