La primera ministra británica, Theresa May, ha propuesto un periodo de dos años de transición a partir de la culminación de la salida de Reino Unido de la Unión Europea — el llamado ‘Brexit’ — a partir de marzo de 2019, durante el que el país seguiría sometido a la normativa de la Unión Europea.
“La duración de este periodo estaría simplemente determinada por el tiempo que tardáramos en poner en práctica los nuevos procesos y sistemas”, ha declarado la primera ministra durante una comparecencia en la ciudad italiana de Florencia. Entre estos “nuevos sistemas” se encontraría una nueva política migratoria cuya adopción “va a tardar su tiempo”, durante el cual la gente podrá seguir viviendo y trabajando en Reino Unido, tras un proceso de registro previo.
Este periodo añadido supone una concesión inevitable de May, dado que varios elementos de su Gobierno habían pedido tiempo para adaptarse a la nueva realidad fuera de la UE, por no mencionar que las bases negociadoras del Consejo Europeo dejaban claro que Reino Unido solo podría acceder al mercado único tras un plazo de tiempo post-Brexit en el que Reino Unido debería seguir sometido a las reglas de la UE.
Esta ordenanza del Consejo está estrechamente vinculada a las aportaciones presupuestarias de Reino Unido a Bruselas, cuya cantidad final es un punto de fricción entre Londres y la UE. Las estimaciones más moderadas fijan la aportación de Reino Unido en torno a los 22.000 millones de euros, pero las más aceptadas estipulan una cantidad aproximada de 50.000 millones.
En este sentido, May ha confirmado además que su país seguirá contribuyendo al presupuesto de la Unión Europea como mínimo hasta al año siguiente de su fecha prevista de salida del bloque (marzo de 2019), aunque no descarta seguir aportando más allá de 2020.
Por otro lado, la primera ministra se ha declarado dispuesta a admitir los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en cuestiones aplicables a los ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido, pero no en los casos que involucren directamente a su país con el eurobloque.
May ha querido dejar claro a los ciudadanos de la UE que está capacitada para prometer que los tribunales británicos tengan en cuenta los dictámenes de la corte europea para garantizar “una interpretación consistente de la ley”.
Sin embargo, May ha puesto límites a las competencias del TUE cuando, en lugar de los ciudadanos, entren en conflicto los intereses de Reino Unido y del bloque europeo, y ha propuesto la creación de un mecanismo alternativo ya que esta clase de rivalidad no puede quedar a expensas ni de la decisión de los tribunales británicos ni de la corte europea.
May ha aprovechado para contextualizar históricamente las líneas generales de las negociaciones de salida con la UE, una estructura en la que Reino Unido “jamás se ha sentido completamente en casa” y que “nunca ha formado parte de la historia nacional” del país. Con todo, la primera ministra ha reiterado que Reino Unido nunca terminará de desvincularse con las naciones europeas gracias a los valores que comparten.
“Podremos dejar la UE, pero no vamos a dejar Europa”, ha manifestado May, antes de destacar que “el éxito de la Unión Europea va en beneficio de Reino Unido”.
Zanjando una supuesta tensión con May sobre el proceso de salida de la UE, el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha aplaudido el “positivo, optimista y dinámico de May”, que elimina por completo y “con toda justicia” la posibilidad de la “opción noruega”, es decir: el acceso al mercado único sin potestad de alterar cualquier decisión comercial a este respecto que pudiera tomar la UE.
La idea, a juicio de Johnson, es la de “combinar un Reino Unido fuerte, que trabaje mano con mano junto a una Europa fuerte”, pero concediendo a Londres “la libertad de tomar sus propias decisiones”.
