La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha avanzado su intención de sentarse con las comunidades autónomas en 2023, pese a ser año electoral, para abordar el cambio hacia un modelo de financiación basal del sistema de ciencia I+D porque, de lo contrario, no se llegará al 3 por ciento del PIB hasta 2030 comprometido en la nueva Ley de la Ciencia.
«Que no se nos escape este compromiso de corresponsabilidad. Si el Gobierno da este paso adelante también tendrán que darlo las comunidades autónomas», ha apostillado.
Financiación basal
En respuesta una interpelación de ERC sobre el sistema de financiación basal en I+D durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra ha recordado a las comunidades autónomas que la Ley de la Ciencia es un instrumento de cofinanciación. «Esta financiación de la ciencia es necesaria, la compartimos y supone un cambio de paradigma», ha afirmado.
«Este Gobierno ha decidido rescatar a la ciencia de la precariedad histórica que ha sufrido», ha afirmado la Ministra que ha agregado que la excelencia sin derechos «no es más que otra forma de explotación y precariedad».
Por otro lado, ha anunciado que el Gobierno aumentará este año el presupuesto del Programa Severo Ochoa en un 12,5 por ciento, hasta los 60,75 millones de euros para fortalecer los centros de excelencia en España.
En este sentido, ha destacado que el pasado año el Programa Severo Ochoa pasó de 44 a 54 millones de euros de financiación y ha anunciado que para este año la convocatoria saldrá con un 12,5 por ciento más presupuesto respecto al año anterior, hasta los 60,75 millones de euros, que suponen un incremento de más del 50 por ciento» a centros de excelencia de España que el que destinaba el PP a los proyectos de excelencia.
Además, Morant ha añadido que este año los centros de excelencia tendrán un margen que pasará del 21 al 25 por ciento para costes indirectos y pasó de 4 a 4,5 millones de euros en los centros Severo Ochoa y de 2 a 2,5 millones las unidades María de Maetzu.
Morant ha destacado que desde la aprobación de la Ley de la Ciencia España el pasado mes de septiembre es «más rico» porque es un buen país para investigar y hacer desarrollo tecnológico dado que el Gobierno ha priorizado el conocimiento científico y el desarrollo innovador como ejes de la recuperación y la resiliencia de España.
«Lo estamos haciendo con responsabilidad, sensibilidad y colaboración con las comunidades autónomas. La ciencia debe estar en todos los territorios de España», ha defendido Morant, que celebra que la ley saliera del Parlamento «incluso mejor» que la que había escrito el Gobierno.
Por ello, ha augurado que los contratados en ciencia e innovación «ya no van a ser esa isla de precariedad que pretendía el PP» porque ahora todos los investigadores están con un contrato indefinido. «España ya no trata a los investigadores como eternos becarios», ha defendido.
En ese sentido, ha subrayado que el Plan nacional de la ciencia contempla un incremento de la inversión del 60 por ciento, con 63 millones de euros más para que los centros tengan esa financiación basal. De hecho, asegura que el Gobierno no se ha quedado como espectador a la hora de cumplir con que todos los investigadores predoctorales y doctorales cobren una indemnización por finalización de contrato.
A ese respecto, ha garantizado que el Gobierno no ha querido causar «ninguna tensión» de tesorería a los centros de investigación por lo que el Ministerio de Ciencia se ha comprometido a sufragar todos los costes derivados de estas indemnizaciones, no solo de los proyectos y contratos que nacen del Ministerio de Ciencia o del de Universidades sino de los contratos que nacen también de las comunidades autónomas y los propios centros de investigación de universidades.
En concreto, ha dicho que el Ejecutivo asumirá la indemnización de 18.000 jóvenes que supondrá 60 millones de euros del Ministerio de Ciencia en cuatro años, aunque «no sea obligación» del Ejecutivo.
Asimismo, ha anunciado que el Ministerio de Ciencia destinará 30 millones de su presupuesto a lanzar un proyecto piloto para un nuevo sistema de financiación de grupos de investigación y en este plan invitarán a las comunidades autónomas a la corresponsabilidad en la inversión, por lo que confía en que la partida pueda salir con hasta 60 millones de euros el primer año.
Por su parte, el diputado interpelante, Joan Margall, de ERC ha admitido las profundas discrepancias ideológicas con el Gobierno pero ha urgido a avanzar en la ciencia a base de grandes acuerdos y consenso para lograr un nuevo sistema de financiación basal que redunde en el fortalecimiento de los centros de investigación y desarrollo.
Para Margall, la pandemia puso de relieve la necesidad de una mayor inversión en ciencia que durante muchos años no fue prioridad para ningún Gobierno que sí dedicaba cantidades ingentes de dinero a la investigación de carácter militar.
Sin embargo, pese a los avances de los últimos tres años, considera necesario dotar de más recursos, medios y personal cualificado a los centros de investigación porque la ciencia y la I+D son la «única póliza de seguros».
El diputado de ERC ha criticado que la Comisión de expertos para trabajar en un nuevo sistema de financiación de la ciencia no se reúne desde el 28 de noviembre y ha pedido a Morant que se fije en el modelo de éxito de la financiación de los centros de investigación de Cataluña, que son la séptima institución europea de captación de fondos.
«Andamos por el camino correcto pero aún no hay muchas deficiencias en la financiación en los centros de investigación», ha denunciado Margall, que ha pedido mayor flexibilidad al modelo de gobernanza.
A su juicio, ese modelo debería contemplar que las autoridades autonómicas tengan voz y voto en el reparto de recursos estatales y establecer mecanismos de coordinación internacional para adaptarse a las necesidades estratégicas.
