El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Congreso que aprobará “de forma inminente” un proyecto de ley para completar los cambios ya aprobados en la Ley de cadena alimentaria para atender la situación del campo, y que permitirá transponer la directiva europea de prácticas desleales.
Ante un hemiciclo prácticamente vacío, con apenas unos cuarenta diputados por las medidas de prevención de los grupos ante la expansión del virus Covid-19, Planas ha asegurado que esta nueva norma introducirá “nuevas medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”.
Todo ello en el debate para convalidar el decreto ley con medidas de urgencia para responder a las demandas de agricultores y ganaderos por la crisis del campo, aprobado el pasado 25 de febrero, y que Planas ha defendido porque, a su juicio, permite reequilibrar la relación de fuerzas en la cadena, mejora la transparencia para fijar los precios y también la posición negociadora del productor.
Entre las medidas incluidas en el decreto ley, Planas ha celebrado que se obliga a incluir el coste de producción, para indicar expresamente el coste pactado, prohíbe la venta a pérdidas, regula promociones comerciales de los productos del campo, da publicidad a las sanciones y, además, las endurece. A partir de ahora, ha ejemplificado, no poner por escrito las condiciones de un contrato es una infracción grave y no leve, como hasta ahora.
Planas ha reivindicado, con motivo de la crisis que vive el país por la expansión del coronavirus, el papel que juega cada uno de los actores de la cadena agroalimentaria, celebrando su “buen trabajo” para que “con práctica normalidad” todos los productos lleguen a los ciudadanos
En este sentido, ha asegurado que en este Estado de alarma es necesario reflexionar el papel que juegan los productores agroalimentario: “Necesitamos a nuestros agricultores y ganaderos, también a los pescadores, que están ahí, haciendo bien su trabajo”, ha dicho.
Unas medidas que llegan para mejorar la situación crítica que atravesaban agricultores y ganaderos, que se ha unido a los problemas estructurales de rigidez de la demanda, la atomización de los operadores, y factores coyunturales como fenómenos climáticos adversos, los aranceles de la Administración estadounidense, la caída de precios de las producciones y la subida de los costes de los insumos agrarios.
El titular de Agricultura ha destacado la acción del Gobierno por aportar soluciones, a través de este real decreto ley que recoge medidas que “no pueden demorarse ni un día más”.
De esta forma, Planas ha recordado que el real decreto ley cuenta con medidas de “impacto positivo y necesario” para fomentar el reparto equitativo del valor añadido y reequilibrio de la cadena alimentaria; la mejora de la capacidad de negociación de los eslabones más débiles; y el fortalecimiento de la competitividad de los operadores agrarios y alimentarios.
PROHIBICIÓN DE LA VENTA A PÉRDIDAS Y REDUCCIÓN DE LAS PEONADAS
El titular de Agricultura ha señalado en el Congreso que en esta normativa figura la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos agrarios y que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción, así como la prohibición de la ‘venta a pérdidas’ o la regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos, además de dar publicidad a las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.
Planas ha reclacado que esta regulación será completada “de forma inminente” con una segunda modificación de la Ley de la Cadena, con un proyecto de ley de trasposición de la Directiva de prácticas comerciales desleales, que introducirá nuevas medidas para mejorar su funcionamiento.
Respecto al artículo segundo, recoge una medida para hacer frente al envejecimiento y potenciar el relevo generacional, porque “el campo ha de ser atractivo para los jóvenes” y, sobre todo, “rentable”. Por ello, se propone modificar la Ley 35/2006 del IRPF para incorporar una medida que facilite la tributación de las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores en cuatro años para que no tengan que hacerlo de una sola vez el primer año.
Ante el descenso de la actividad agraria como consecuencia de una bajada de producción, el artículo tercero prevé reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y en Extremadura.
Por su parte, el artículo cuarto está dirigido a lograr una mayor estabilidad en el empleo del personal eventual agrario, dado de alta en el Sistema Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social, ya que se incentiva la conversión de estos contratos en contratos indefinidos o fijos-discontinuos a través de bonificaciones en la cuota empresarial.
La modificación de la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevista en el artículo quinto, se estima para ampliar el ámbito de actuación de la Inspección más allá del propio centro de trabajo para que se pueda también llevar a cabo en locales o viviendas en los que se alojen los trabajadores.
