Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y la CUP dan por hecha la existencia de operación ‘Kitchen’, señalan como «responsables políticos últimos y conocedores» de la misma al expresidente del Gobierno y el del PP Mariano Rajoy a su ‘número dos’ en el partido, María Dolores de Cospedal, piden que se investigue si sigue en activo alguna otra trama «parapolicial», que se revisen los procedimientos vigentes para asegurar el control de los fondos reservados y que el Tribunal de Cuentes estudie posibles embargos a los ‘populares’.
Estas son las principales conclusiones a las que han llegado estos partidos tras los trabajos de la comisión parlamentaria que ha investigado el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Los socios de gobierno del PSOE y los partidos independentistas han registrado un texto de conclusiones conjunto que será votado, junto con el resto de propuestas, el próximo miércoles en la comisión.
El documento, recogido por Europa Press, apunta también a la responsabilidad en esta trama el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López de Hierro, al que presentan como «socio» del ex comisario José Manuel Villarejo.
«Existió una estructura policial bajo mandato de Fernández Díaz, dirigida por el director adjunto operativo Eugenio Pino y bajo el conocimiento del secretario de Estado y el Ministerio del Interior, que estuvo actuando de forma prolongada en el tiempo», reza el texto, que fija como tarea de esa estructura el espionaje a Bárcenas para sustraerle pruebas sobre la contabilidad paralela del PP y la ‘Gürtel’.
IMPUNIDAD Y LEGISLACIÓN OBSOLETA
Pero también subraya que esa misma estructura u «otra similar» de ‘policía patriótica’ fue utilizada para la denominada ‘Operación Catalunya’ contra líderes independentistas, cuya existencia ya censuró una comisión de investigación anterior.
La ‘Kitchen’, según estas formaciones, se puso en marcha utilizando de forma ilegítima recursos materiales y humanos de Interior y también con el uso irregular de fondos reservados.
Los firmantes de este documento sostienen que la comisión ha puesto de manifiesto que «mala praxis» en Interior se han podido dar gracias a una «cultura de la impunidad» derivada del franquismo, así como a una legislación «deficiente y obsoleta» como la Ley de Secretos Oficiales y las que regulan el uso de los fondos reservados y la concesión de condecoraciones.
En este contexto, abogan por revisar los procedimientos para asegurar el control y la trazabilidad de los fondos reservados, piden la revocación inmediata de los emolumentos y condecoraciones otorgados a los policías implicados en tramas de corrupción o parapoliciales y que se compruebe si sigue existiendo alguna de estas estructuras «fuera de la ley».
PRISIÓN O MULTA POR MENTIR
Estos partidos destacan que algunos comparecientes han faltado a la verdad ante la comisión, lo que supone un delito según el Código Penal y podrían enfrentarse a una pena de entres seis meses y un año o a una multa.
Por contra, destacan la colaboración prestada por el policía que investigó la ‘Gürtel’ Manuel Morocho, al que también mencionan para dejar constancia en las conclusiones de las «presiones y obstáculos» que sufrió, y sigue sufriendo, según su testimonio, por investigar a Bárcenas y la ‘caja b’. Asimismo, ponen en valor la comparecencia de de quien fuera feje de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
Además, piden que sus conclusiones sean remitidas al Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la actividad económica de los partidos, para que «lleve a cabo las actuaciones de aseguramiento patrimonial oportunas», incluida, en su caso, «la traba de embargos».
En este contexto, solicitan enviar las conclusiones a la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Supremo y cuantos estamentos judiciales se determinen, así como al Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía para que «tomen en consideración las medidas orgánicas y disciplinarias que se estimen convenientes».
Por otra, parte, basándose en el testimonio de Villarejo estas formaciones deslizan que entre la información que podría estar en manos de Bárcenas podía haber cuentas en Suiza de «personas relevantes del Estado» y que entre ellas podía haber información del Rey emérito.
Por último, Unidas Podemos y los demás firmantes aprovechan sus conclusiones para criticar al Gobierno de coalición por remitir de manera «impuntual e incompleta» la documentación que le requirió la comisión de investigación.
