Albert Rivera y Pedro Sánchez.
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS)
PSOE y Ciudadanos rechazan “todo intento de convocar un reférendum” en España para “impulsar la autodeterminación de cualquier territorio” del país. Así lo aseguran en su 'Acuerdo para un gobierno progresista reformista y de progreso', en el que dejan claro también su “permanente e inequívoco compromiso” con “la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional”.
Este compromiso forma parte del acuerdo firmado entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para facilitar la investidura del líder de los socialistas como presidente del Gobierno.
Los dos partidos incluyen este principio en el último de los siete capítulos que engloba el acuerdo, que se refiere a la reforma de la Constitución “para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial” del Estado.
El PSOE y Ciudadanos defienden que es necesario “remodelar” el Estado para “un nuevo largo periodo de convivencia” que garantice “el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial” de los españoles.
En concreto, defienden que la Carta Magna “dejó abierto” el modelo territorial, por lo que ahora “hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando” el modelo para “mejorar la convivencia entre españoles”.
Y Ciudadanos acepta la apuesta del PSOE por el federalismo, ya que se compromenten a revisar el Título VIII de la Constitución para “desarrollar el concepto de Estado federal”, tal y como proponían los socialistas.
EL PERÍMETRO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Éste es uno de los siete puntos que marca el documento como el “perímetro” de la reforma constitucional que quieren impulsar. Los otros seis hablan de reconocer como derechos fundamentales derechos sociales e incluir garantías sobre su dotación presupuestaria; suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; revisar el sistema electoral; modificar la composición y funciones del Senado e incorporar el “hecho” Unión Europea al ordenamiento constitucional.
Además, y en el marco de este acuerdo, el PSOE y Ciudadanos aprovechan para “manifestar su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional”.
Y se comprometen a “oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España.
Por lo que se refiere al modelo de Estado al que quieren avanzar, además de hablar de desarrollar el “concepto de Estado federal”, al hablar de la revisión del Título VIII de la Carta Magna aseguran que quieren “incorporar las denominaciones de las comunidades y ciudades autónomas” y “garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia”.
El procedimiento para la reforma constitucional se ajusta a lo previsto por el PSOE en el documento que envió el 8 de febrero a todas las fuerzas políticas. Así, los firmantes se comprometen a crear, en el plazo de un mes, una subcomisión para la reforma de la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.
Su función será la de proceder, durante un período de seis meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el “perímetro” pactado de la reforma. Al finalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al nombramiento de una Ponencia Constitucional para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017.
PSOE y C's se comprometen “inequívocamente” con la estabilidad pero no harán recortes de gasto social
PSOE y Ciudadanos se comprometen “de forma inequívoca” con la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal en su acuerdo para la investidura del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pero también afirman que no aplicarán “ningún recorte de gasto social” en esta legislatura.
El documento, que recoge Europa Press, parte del reconocimiento de que España tiene “un problema de déficit de las administraciones públicas” y de que el nuevo Gobierno estará “comprometido de forma inequívoca” con la estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, creen que “la consolidación de las cuentas públicas “no se puede hacer a costa de reducir aún más” el nivel de bienestar, sino que debe pasar por la renegociación de los objetivos de déficit con la Unión Europea para pactar una senda que dependerá de “la situación real de las finanzas públicas heredada” del actual Ejecutivo, dado que aún no se conoce el cierre del déficit de 2015, y que en cualquier caso debe llevar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad (3%) a 2017, y no a finales de este ejercicio como está previsto.
“BLINDAR” LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
Además, tanto socialistas como 'ciudadanos' abogan por “blindar” los derechos sociales que recoge la Constitución “elevándolos a derechos fundamentales y garantizando una financiación pública suficiente”.
Algo que, en la práctica, pasa por modificar el artículo 135 de la Constitución, que fue reformado en el verano de 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el acuerdo del PP para consagrar la estabilidad presupuestaria y dar prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otra consideración.
El acuerdo rubricado este miércoles por los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, recoge su compromiso de determinar el “alcance de la estabilidad social del Estado” a la que se refiere dicho artículo de la Constitución como “criterio que justifica la superación de los límites de déficit y deuda pública, y sus implicaciones en la garantía de dotación presupuestaria para los grandes servicios públicos”.
En sus programas electorales, el PSOE apostaba por reformar este artículo en línea con lo que finalmente se ha incluido en el acuerdo, mientras que Ciudadanos únicamente reconocía “compartir” el precepto del equilibrio estructural de las cuentas públicas y señalaba que su cumplimiento es compatible con sus propuestas de lucha contra el paro y mejora de las finanzas públicas.
GASTO MÁS EFICIENTE Y MÁS RECAUDACIÓN FISCAL
En estrecha relación con el nivel de déficit público, el documento se refiere a los cambios que se deben aplicar sobre el gasto público y los ingresos tributarios.
En concreto, se aboga por “mejorar la eficiencia” en el gasto eliminando duplicidades y revisando de forma “integral e independiente” el gasto de las administraciones mediante una 'spending review', potenciando la evaluación de los programas de gasto público que realiza la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL) y asegurando la “total independencia” de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Por el lado de los ingresos, Ciudadanos ha hecho prevalecer su condición 'sine qua non' de que cualquier reforma tributaria debe elevar la recaudación pero “sin subir los impuestos a la clase media trabajadora”, y para ello habrá de pasar por ejes generales como “desplazar parte del peso” de la carga hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos, mejorar la eficiencia, simplificar el sistema y combatir “decididamente” el fraude.
Sin embargo, el documento no aporta muchos más detalles sobre cómo se articulará esta reforma fiscal, ya que sólo se señala que se constituirá una Comisión de Expertos cuyas recomendaciones deberán estar listas para que la reforma “integral” del sistema pueda entrar en vigor en 2017.
NO SE SUBIRÁN LOS TIPOS DE IRPF
Como concreciones, PSOE y Ciudadanos sólo señalan que se reducirá la tributación de las rentas del trabajo a través del IRPF “cuando la situación presupuestaria lo permita” y, mientras tanto, no se subirán los tipos, y que se acercarán los tipos efectivos de Sociedades a los nominales.
Además, la formación naranja acepta estudiar un Impuesto extraordinario sobre las Grandes Fortunas “para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario”, y armonizar Sucesiones y Donaciones y Patrimonio –que gestionan las comunidades autónomas– estableciendo una horquilla de bases y tipos mínimos y máximos para todo el país.
Reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4% e impulsar en la UE su equiparación para el libro electrónico, y sustituir el Impuesto de Matriculación por uno sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx).
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Finalmente, el documento aboga por impulsar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal y, para ello, PSOE y Ciudadanos se comprometen a crear aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria, aumentar sus medios, instituir una Oficina Nacional de Control Fiscal de Grandes Fortunas en este organismo y devolverle el control tributario sobre las SICAV.
Además, proponen limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1.000 euros –actualmente son 2.500 euros–, garantizar el derecho de los consumidores a poder pagar con tarjeta cualquier bien o servicio de más de 25 euros, revisar el régimen de estimación objetiva y reformar el delito fiscal para “endurecer las penas y alargar los periodos de prescripción”.
Finalmente, el documento incluye la eliminación de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVS), revisar la lista de paraísos fiscales, exigir a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes con ese tipo de países, endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o el fraude, reforzar el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y exigir que quienes se acogieron a la 'amnistía fiscal' de 2012 paguen los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno les “perdonó ilegalmente” al aplicarles finalmente un tipo del 3% en lugar del 10% previsto.
PSOE y C's quieren convertir el Senado en una cámara territorial con un máximo de cien miembros o, si no, cerrarlo
El acuerdo alcanzado por el PSOE y Ciudadanos sobre un programa de gobierno para esta legislatura establece que, en el marco de la reforma de la Constitución, ambos partidos defenderán convertir el Senado en una verdadera cámara territorial con un máximo de cien miembros. Si finalmente no se transforma en este sentido, pedirán cerrarlo.
El documento prevé la creación, en el plazo de un mes, de una subcomisión para modificar la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso, que a lo largo de seis meses acogerán diversas comparecencias para, posteriormente, presentar un acuerdo sobre el “perímetro” pactado de la reforma.
Al finalizar los trabajos de la subcomisión, según recoge el acuerdo suscrito entre PSOE y Ciudadanos, se nombraría una ponencia constitucional para poder iniciar la redacción de un proyecto a principios del año 2017.
Los cambios a realizar se dividen entre los que se efectuarían de forma “urgente” y aquellos en los que no se marca un plazo concreto, mencionándose tan solo la “voluntad” de promoverlos. Es en este segundo apartado donde figura la reforma del Senado.
La idea de Ciudadanos y el PSOE es que la Cámara Alta se convierta en una “estricta cámara territorial con una composición máxima de 100 miembros” –actualmente son 266– y “con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado”.
Entre esas funciones figurarían la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos.
Si, una vez aprobada la reforma de la Carta Magna, no se ha conseguido realizar esa transformación en cámara territorial, los socialistas y C's se comprometen a “abogar por su supresión como cámara de segunda lectura”.
PRINCIPIO DE LEALTAD INSTITUCIONAL
Asimismo, ambos partidos defenderán que se revise el Título VIII de la Constitución para “suprimir los preceptos ya obsoletos; incorporar las denominaciones de las comunidades autónomas y ciudades autónomas; y garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia”.
También quieren “determinar con precisión las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución”, así como “establecer los principios del sistema de financiación autonómica”, que son “autonomía, coordinación, suficiencia y solidaridad, en los términos interpretados por el Tribunal Constitucional”.
Además, abogarán por “establecer los instrumentos de cooperación; definir el alcance del principio de lealtad constitucional; y determinar el papel y la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas en relación con la pertenencia de España a la Unión Europea”. Igualmente, pretenden incorporar “el 'hecho' Unión Europea al ordenamiento constitucional”.
MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL
También proponen revisar las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una norma que para ser modificada requerirá una mayoría de tres quintos. Para constituir la ponencia que reformaría la LOREG en aquellos aspectos que no precisen cambios en la Constitución fijan un plazo de seis meses.
Entre esas bases, PSOE y Ciudadanos plantean medidas para “incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico”.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FUSIÓN “VOLUNTARIA” DE MUNICIPIOS
Respecto a la la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el acuerdo dice que debe corregir “las insuficiencias del sistema” y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad.
Con ese fin, plantean que en un mes se cree un grupo de trabajo plural para preparar la modificación de la LOFCA en el plazo de seis meses y así hacer frente a sus previsiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
Además, el documento propone derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, así como aprobar una nueva Ley de Financiación Local.
El objetivo de PSOE y Ciudadanos es “asegurar la autonomía local, garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública”.
Por último, quieren fomentar, en coordinación con las comunidades autónomas, la racionalización de las entidades locales, “promoviendo la fusión voluntaria de municipios”, para ofrecer “de forma eficaz y eficiente” el mismo nivel de prestaciones de servicios a todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan.
PSOE y C's acuerdan derogar las leyes ambientales del PP, cerrar nucleares a los 40 años y un Pacto por la Ciencia
El 'Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso' alcanzado entre PSOE y Ciudadanos (C's) mantiene buena parte del programa electoral con el que Pedro Sánchez aspira a La Moncloa e incluye la derogación de la mayoría de la legislación ambiental desarrollada la pasada legislatura por el Ejecutivo del Partido Popular así como establecer el cierre de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil y alcanzar un Pacto por la Ciencia y otras iniciativas que logren recuperar 10.000 científicos.
Según el documento de acuerdo, en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático, el objetivo es obtener un “sistema energético eficiente y sostenible” que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO2 compatible con los compromisos de París.
En concreto, se promoverá un gran pacto de Estado de la Energía, aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con objetivos de reducción de emisiones y que incluya tener en cuenta los elementos de riesgo climático en “en cualquier actuación pública” así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.
También se incluye en el pacto apoyar la creación de la interconexión eléctrica con Europa a través de Francia para exportar los excedentes de energía e impulsar el ferrocarril de mercancías como medida hacia la descarbonización de la economía.
En materia energética, el pacto mantiene la propuesta electoral del PSOE de establecer una moratoria en esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica y restringir las autorizaciones de exploraciones nuevas de gas e hidrocarburos.
Además, el acuerdo de Gobierno establece el cierre progresivo de las centrales al cumplir 40 años de vida útil, una propuesta defendida por el PSOE en la que Ciudadanos no había adoptado una postura concreta y respecto a la cual Albert Rivera había apuntado que no se oponía a prolongar la vida de las plantas atómicas si los informes técnicos lo avalaban.
Otra de las propuestas acordadas es modificar la fiscalidad ambiental para impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y crear un fondo verde para la transición energética. Otro de los compromisos es promocionar el Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios y pasar de las 23.000 viviendas rehabilitadas al año a las 200.000 viviendas en 2025.
DEROGACIÓN LEYES AMBIENTALES
En capítulo ambiental se propone una batería de derogación de la normativa vigente, ya que el acuerdo incluye recuperar la prohibición “absoluta” del cambio de uso de suelo en las zonas forestales incendiadas –una excepción a la Ley de Montes incluida por el PP en determinadas circunstancias– y se comprometen a impulsar un estatuto básico para agentes y bomberos forestales.
Además, el acuerdo de progreso incluye derogar las limitaciones y excepciones de 2015 a la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad de modo que se recuperaría la de 2007.
En materia de agua, el pacto buscará “hacer efectiva la garantía” de agua de buena calidad, el saneamiento antes de su devolución a los cauces naturales y lograr agua desalada “a precios asequibles”. De este modo, el pacto del PSOE y C's vuelve a fomentar las desaladoras, a las que darán un “uso eficiente” y en las que impulsarán medidas prioritarias y urgentes para facilitar la gestión eficaz de los recursos hídricos. También se comprometen a aprobar un plan de restauración de ríos y humedales y un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua.
La texto incluye también la recuperación de los plazos de protección del dominio público marítimo terrestre de la Ley de Costas de 1987, así como la prohibición “total” de “cualquier intervención nueva” salvo para su protección.
En este ámbito, también se establecerá un plan de usos de espacios marinos, que prime el valor ambiental y que vele por la “plena compatibilidad de los autorizados” y desarrollar la Ley de Protección del medio marino, así como a aprobar una estrategia de adaptación de la costa al cambio climático.
En materia de residuos se buscará el objetivo de vertido cero, impulsar el ecodiseño, fomentar el uso de materiales recuperados y la trazabilidad de todos los productos y concienciar y sensibilización de la ciudadanía.
RECUPERAR 10.000 CIENTÍFICOS
En cuando al sector científico, el documento mantiene igualmente, en su mayoría, puntos que se incluían en el programa electoral del PSOE. De este modo, se aboga por el llamado 'Pacto por la ciencia', con el que se pretende promover un amplio acuerdo social y político que permita alcanzar “el máximo consenso” en torno a la políticas del sector.
Del mismo modo, proponen crear un Consejo para la Ciencia y la Innovación presidido por el presidente del Gobierno, así como reformar el Estatuto de la recién creada Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.
También se mantiene un punto que tanto socialistas como Ciudadanos compartían en sus programas: impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3 por ciento del PIB.
Finalmente, el texto destaca la necesidad de promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico, al que se une una de las medidas 'estrella' del PSOE: la incorporación con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera.
Sánchez y Rivera sellan su acuerdo ante la foto de los siete 'padres' de la Constitución
Los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, han sellado este miércoles su 'Acuerdo para un gobierno progresista y reformista' en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, la más importante después del hemiciclo, rodeados de los equipos que han negociado el pacto y ante la mirada de los retratos de los siete 'padres' de la Carta Magna.
En una sala atestada de dirigentes de los dos partidos, diputados, senadores y decenas de medios de comunicación, Sánchez y Rivera se han hecho esperar, pues han llegado pasados diez minutos de las once y media de la mañana, hora a la que estaba prevista la firma.
Mientras los periodistas acreditados en el Congreso esperaban a los dos líderes, han ido llegando a la Sala Constitucional los miembros de los equipos negociadores: los socialistas Antonio Hernando, José Enrique Serrano, Jordi Sevilla, María Luisa Carcedo, Rodolfo Ares, Meritxell Batet y Manuel de la Rocha; y Luis Garicano, Juan Carlos Girauta, José Manuel Villegas y Miguel Gutiérrez por parte de Ciudadanos, entre otros.
También han arropado a Sánchez algunos dirigentes de su partido como la presidenta del PSOE y vicepresidenta primera del Congreso, Micaela Navarro; el secretario de Organización, César Luena; la portavoz adjunta del Grupo socialista en el Congreso, Carme Chacón; y el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Óscar López.
De Ciudadanos también han asistido numerosos diputados como Toni Cantó y dirigentes autonómicos como los líderes del partido en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, Inés Arrimadas e Ignacio Aguado, respectivamente.
ABRAZOS Y APRETONES DE MANOS
Mientras esperaban a Sánchez y Rivera, se ha podido ver a los dirigentes del PSOE y Ciudadanos muy sonrientes y visiblemente contentos, hablando entre sí de forma muy animada. Se han visto abrazos, apretones de manos y conversaciones en tono distendido.
En concreto, han charlado José Enrique Serrano y Juan Carlos Girauta y Rodolfo Ares y José Manuel Villegas. Jordi Sevilla y Luis Garicano también han intercambiado unas palabras de forma bastante animada.
Poco antes de que llegaran Sánchez y Rivera, los miembros de sus partidos han tomado asiento en la Sala Constitucional: el PSOE en su lugar natural, es decir, a la izquierda de la Mesa de la presidencia, y Ciudadanos justo enfrente, donde en las comisiones suele sentarse el Grupo Popular.
BASTANTE SERIOS
Los líderes del PSOE y Ciudadanos han entrado en la sala juntos, Sánchez con un traje azul y corbata roja y Rivera con traje gris y corbata azul. Lo primero que han hecho ha sido saludar uno por uno a los miembros de los equipos que han negociado el acuerdo, primero los de Ciudadanos y después los socialistas.
A continuación, se han dirigido a una mesa central en la que estaban colocadas las carpetas para que ambos firmaran el acuerdo. Allí, bastante serios, se han dado la mano ante los medios gráficos que captaban el momento y después se han sentado para estampar sus firmas en los documentos que contenían el pacto.
Al terminar, todos los asistentes de ambos partidos han aplaudido mientras Sánchez y Rivera entregaban las carpetas a sus portavoces en el Congreso, Antonio Hernando por el PSOE y José Manuel Villegas por Ciudadanos. Tras darse la mano una vez más ante los medios gráficos, los líderes de los partidos del pacto han abandonado la sala para ofrecer sendas ruedas de prensa.
