PSOE y Unidas Podemos han superado esta semana la primera crisis interna importante de su Gobierno de coalición, y han llegado a la conclusión de que, en el futuro, deben evitar que se repita la imagen de división que han dado, al trascender públicamente sus primeras discrepancias.
Para ello, las dos organizaciones han acordado que, a partir de ahora, se esforzarán por anticipar esas diferencias antes de que vean la luz, para poder neutralizar así posibles crisis, mediante la búsqueda de «posiciones conjuntas», tanto dentro del Gobierno como en la actividad parlamentaria, según informan fuentes del grupo parlamentario confederal.
Así, las fuentes consultadas explican que, por su parte, Unidas Podemos tiene previsto priorizar en el Congreso iniciativas legislativas en las que el entendimiento con el PSOE sea fácil de alcanzar; es decir, tratarán de buscar los puntos de encuentro, en lugar de las diferencias.
De momento, el grupo confederal ha remitido a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al menos siete proposiciones de ley para recabar la opinión de los Ministerios, para decidir después cuál priorizar, buscando desde el inicio el máximo consenso con sus socios de gobierno de coalición.
PRIMERAS INICIATIVAS DE UNIDAS PODEMOS EN EL CONGRESO
Se trata de iniciativas que ya tenían preparadas de la pasada legislatura, como la proposición de ley para derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que limita el plazo para la instrucción de los procesos a seis meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas, o la proposición de ley para la supresión de las penas de cárcel contra piquetes de huelga, ambas ya registradas en el Congreso.
También han seleccionado una proposición de ley para reformar el sistema agrario; otra para publicar los datos de los gastos reservados a los diez años de su uso; una proposición de ley para que el Código Penal militar no se aplique a la Guardia Civil; y otra encaminada a combatir la fuga de empresas subvencionadas del sector industrial.
A estas se suman la proposición de ley que ya presentaron para reforzar la protección de la libertad de expresión, que proponía despenalizar total o parcialmente delitos de enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona o la ofensa a sentimientos religiosos; la iniciativa sobre coordinación de los servicios del Sistema Nacional de Protección Civil; y la proposición para eliminar la segregación por sexo en colegios.
Eso sí, las fuentes consultadas explican que el haberlas remitido a Relaciones con las Cortes no garantiza que las vayan a presentar para su debate en Pleno, o que puedan ser o no modificadas. Lo que decidan, dependerá de las negociaciones que desarrollen con sus socios de gobierno, con el objetivo de llegar a acuerdos.
MESA DE SEGUIMIENTO DE LA COALICIÓN
La determinación por buscar el entendimiento y neutralizar las diferencias fue una de las conclusiones a las que llegaron socialistas y ‘morados’ en la primera reunión de la llamada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de coalición que tuvo lugar el jueves.
La reunión de este órgano –que se pensó precisamente para gestionar las diferencias, entre otras cosas– se produjo tras estallar las primeras discrepancias en el Gobierno. Las fuentes consultadas defienden que este primer encuentro sirvió para demostrar que los mecanismos de coordinación funcionan, porque facilitó que los socios del gobierno analizaran la situación y solucionaran esas discrepancias.
En concreto, estas diferencias tenían que ver, por un lado, con el malestar que generó en Unidas Podemos un antiguo borrador del Ministerio del Interior de la ley de asilo, que suponía endurecer la política migratoria; y por otro, con el retraso en el inicio de la tramitación de la ley de Libertad Sexual que quiere presentar la ministra de Igualdad, Irene Montero, antes del 8 de marzo –Día de la Mujer–, provocado por la falta de respuesta del Ministerio de Justicia, que tiene que dar su visto bueno a la reforma del Código Penal que implica el ‘sí es sí’.
Estas dos crisis se saldaron con sendos compromisos explícitos de Moncloa de que se cumplirá el programa de gobierno pactado. En el caso de la política migratoria, el Gobierno afirmó, entre otras cosas, que trabajará para abrir «vias legales y seguras para la inserción social y laboral en los países de destino», como defienden los ‘morados’.
En cuanto a la ley de libertad sexual, Moncloa informó de que se trata de una iniciativa que «tiene un consenso total en el gobierno de coalición». «Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previsto y enviará un mensaje claro de compromiso del gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo», aseguró.
«UNIDAD DE ACCIÓN»
Fuentes gubernamentales destacaron, al término del encuentro, que esa primera reunión se caracterizó por el «buen tono» y la «clara voluntad de cooperación y unión en la acción de gobierno» por parte de los dos socios que lo conforman.
«Somos un Gobierno unido y las diferencias se resuelven a puerta cerrada. España va a ver un Gobierno unido», defendió por su parte el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a su salida del Pleno este jueves. De hecho, el líder ‘morado’ abandonó el hemiciclo junto a la vicepresidenta primera y dirigente socialista, Carmen Calvo, y ambos mantuvieron posteriormente un encuentro de 20 minutos.
Hasta la llegada de esas primeras discrepancias, la relación de PSOE y Unidas Podemos se había caracterizado en su primer mes de Gobierno de coalición por la unidad de criterio, a costa incluso de asumir importantes «contradicciones», sobre todo en el caso de los ‘morados’, para mantener esa «responsabilidad institucional».
Por ejemplo, el vicepresidente segundo Iglesias y los ministros de Unidas Podemos, entre ellos, el líder de IU, Alberto Garzón, decidieron aplaudir al Rey en la apertura solemene de la legislatura; limitar sus expectativas sobre la derogación total de la reforma laboral; renunciar a la transformación de Bankia en una gran banca pública; o aceptar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, y de José Félix Tezanos al frente del CIS, cuyas dimisiones pedían hace unos meses.
