El PSOE y Unidas Podemos han acordado sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se refieren como ‘ley mordaza’, por una nueva norma que “garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”, y auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus titulares.
Estas son dos de las medidas incluidas en el pacto para un Ejecutivo de coalición “progresista” que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han presentado este lunes en el Congreso de los Diputados.
En el apartado ‘Nuevos derechos y memoria democrática’, el PSOE y Unidas Podemos se comprometen a aprobar “a la mayor brevedad” una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a actual y que se basará en “una concepción progresista de la seguridad ciudadana” y “priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía”.
En particular, la nueva norma regulará el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes policiales, según precisan. Además, derogará el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé multas o penas de prisión de hasta tres años para quienes, de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
RECUPERACIÓN DEL PAZO DE MEIRÁS
En el mismo apartado se incluye un punto titulado ‘Recuperación de nuestra memoria democrática’, en el que ambas formaciones políticas acuerdan “auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares”.
Aquí mencionan específicamente la “recuperación inmediata” del Pazo de Meirás para el patrimonio público. Este pazo señorial, situado en Sada (A Coruña), fue la residencia estival del dictador Francisco Franco hasta su muerte y sus herederos lo han mantenido como parte de su patrimonio.
Asimismo, los socialistas y el partido morado han pactado implementar un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y declarar nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la Guerra Civil o la dictadura por motivos políticos.
También en relación con este tema, acuerdan desarrollar “actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura” –el 31 de octubre se declarará como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio–, retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.
En último lugar, se comprometen a “estudiar todas las vías legales” para retirar las condecoraciones concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo, así como las prestaciones asociadas.
RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA UNIVERSAL
En el ámbito de la justicia, el documento prevé la recuperación de la justicia universal, que fue limitada en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. También incluye el compromiso de sustituir el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción de los procedimientos penales, establecido actualmente en seis meses prorrogables, “por ser una limitación para la lucha contra la corrupción”.
Igualmente, el PSOE y Unidas Podemos promoverán un pacto de Estado para la modernización de la Administración de Justicia, con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes judiciales, y buscarán mejorar el sistema de acceso a la carrera judicial, previendo “mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes”.
Por otro lado, el acuerdo presentado este lunes contiene un apartado dedicado a la regeneración democrática y la transparencia. Aquí se menciona, por ejemplo, un plan nacional contra la corrupción que “estudiará la reforma del Código Penal” e incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinadas a luchar contra la corrupción y los delitos económicos.
LEY INTEGRAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Además, impulsarán una ley integral contra la corrupción que incorporará un Estatuto del denunciante, abordarán la regulación de los ‘lobbies’ o grupos de presión y regularán “de manera más efectiva” las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, endureciendo las sanciones por su incumplimiento.
En este ámbito se incluye asimismo una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, acciones para “reforzar la lucha contra los ‘cárteles’ en la contratación pública, desincentivar los fraudes, compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia”, y restringir los aforamientos políticos reconocidos en la Constitución, “limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”.
El acuerdo suscrito también recoge una serie de cambios en el sistema electoral, como la eliminación del voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, y europeas y municipales y el establecimiento de listas cremallera en todos los procesos “para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones”.
Asimismo, el PSOE y Unidas Podemos prometen trabajar “para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema” y abrir, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años.
ERRADICAR LOS DISCURSOS DE ODIO
Por último, el documento aboga por fortalecer un marco integral legislativo y político que “erradique los discursos y los delitos de odio” para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
A continuación, apuesta por garantizar el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e “impulsar la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos”.
