Ruth del Moral/Madrid (EFE).- El debate sobre si el Gobierno en funciones podría aprobar el techo de gasto de 2017, aludiendo carácter de urgencia y de interés general, está abierto, ya que jurídicamente es posible pero se trata de una iniciativa política que no podría ser modificada por un Gobierno ya constituido.
El director de coyuntura económica de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), Raymond Torres, afirma a EFE que es legal, y que incluso podría darse la circunstancia de que se aprobara un techo de gasto de 2017 y que, en el peor de los casos, se prorrogaran los Presupuestos Generales del Estado de 2016.
«Una circunstancia que jamás se ha producido en la historia de España», incide.
El PSOE también se acoge al Título IV de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, que asegura que «el ejecutivo cesante debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar cualquier otra medida, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general».
El portavoz económico parlamentario, Pedro Saura, asegura que el gobierno en funciones puede y debe aprobar un acuerdo en Consejo de Ministros sobre el límite de gasto de las administraciones para el próximo año y añade que, además, podría tramitarse en las Cortes, porque «no están en funciones».
Por su parte, el responsable de fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, comenta a EFE que el Ejecutivo en funciones puede tomar medidas por razones extraordinarias y avisa de que su formación apoyaría un techo de gasto razonable de ser propuesto por el Gobierno en funciones.
Sin embargo, advierte de que se trata de una medida «puramente gubernamental» que no puede ser matizada ni por el Congreso ni por el Senado por lo que sería preferible un amplio respaldo.
«Hay que ponerlo todo en la negociación para que la situación económica no se complique y los ciudadanos no paguen la inestabilidad política», dice.
Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, recuerda que «hay que ser prudentes e ir por la vía del derecho» ya que un techo de gasto condiciona la financiación de las Comunidades Autónomas y no admite enmiendas.
Asevera que la ley es «taxativa» y veta la elaboración de unos presupuestos y la aprobación de un acuerdo de techo de gasto y de límite de deuda es «el primer paso» para su elaboración.
Lo cierto, es que el director de Funcas insiste en que condición indispensable es «aludir una urgencia y justificarla».
En ese caso, Raymond Torres considera que un nuevo techo de gasto para 2017 incluiría «implícitamente» el límite de gasto de las administraciones autonómicas y locales con el fin de que fueran coherentes con los nuevos objetivos de déficit público marcados por Bruselas.
«No se puede prorrogar el techo de gasto del 2016», reitera a su vez el diputado de Ciudadanos que advierte de que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 son imprescindibles porque el ajuste comprometido con la Comisión Europea no debe venir sólo por el límite de gasto sino también por el aumento de ingresos vía recaudación.
Y es que, en el peor de los casos, si se llega a enero sin formar Gobierno, podría ocurrir que se prorrogaran los presupuestos de 2016 y se aprobara el techo de gasto de 2017.
Torres explica que la prórroga sería automática para los gastos de desempleo o los pagos de intereses, que se revalorizan según unos parámetros exógenos.
Sin embargo, la subida de las pensiones o del sueldo de los funcionarios no se prorrogarían y sería necesario un Real Decreto que las incluyera y que, en esta ocasión, sólo puede aprobar un gobierno ya constituido.
«De no ser así, se congelaría el salario de los funcionarios al nivel de los presupuestos de este año», subraya.
En el caso de que se prorrogaran las cuentas de este año y al mismo tiempo se tramitara el techo de gasto de 2017, Torres indica que la ejecución del gasto estaría mensualizada hasta que se aprobasen los nuevos presupuestos de 2017.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, insiste, por su parte, en que antes del 30 de septiembre deberían estar aprobados el techo de gasto, un decreto ley que incluya el alza del pago fraccionado en el Impuesto de Sociedades, y el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 para cumplir con los «compromisos europeos ineludibles» ante la amenaza de nuevos procedimientos sancionadores.
