El expresidente catalán huido Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig han solicitado al Tribunal Constitucional que estudie de nuevo los órdenes de detención que pesan sobre ellos y han pedido que, de no hacerlo, eleve consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En un escrito de 47 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de los líderes independentistas ha presentado un recurso de súplica contra el auto del órgano de garantías por el que se avala la vigencia de las órdenes de detención emitidas en su contra por el Tribunal Supremo. Y han requerido que «señale día para la vista oral».
Los políticos catalanes han pedido que se estime el recurso «a los concretos efectos de declarar vulnerados por el Tribunal Constitucional los derechos de los recurrentes a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías».
En caso de que no estimase directamente el recurso de súplica –en su condición de última instancia en materia de garantías constitucionales–, Puigdemont y el resto de exconsellers han solicitado al Constitucional que «remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial planteada».
El pasado 5 de octubre el Pleno del Constitucional desestimó un recurso similar y la solicitud de medidas cautelares interesados por estos excargos del Govern. Así, el tribunal confirmó la decisión adoptada el pasado marzo de no suspender preventivamente las órdenes de detención en su contra.
ACUSA AL CONSTITUCIONAL DE «PROTEGER» AL SUPREMO
Los líderes independentistas huidos interpusieron el primer recurso contra las resoluciones de 14 de octubre y 4 de noviembre de 2019 del Supremo, en las que se acordaba emitir ordenes nacionales, europeas e internacionales de detención en su contra, así como los autos sucesivos que confirman esas decisiones iniciales.
Para Puigdemont y los exconsellers «es evidente que la pretensión del Tribunal Constitucional de proteger a las partes demandadas en la presente demanda de amparo siembra más dudas si cabe sobre su imparcialidad para conocer sobre el mismo».
Según la defensa, la «falta» de razonamiento por parte del órgano de garantías «solo» responde a su «pretendido oscurantismo», así como a su «predisposición a denegar las pretensiones» de los líderes independentistas «en amparo por argumentos que nada tienen que ver con lo jurídico, sino con lo político».
Los excargos del Generalitat de Cataluña han reprochado al Constitucional que tenga un «interés prevalente» en la ejecución de unas órdenes de detención europeas «aún antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre la cuestión prejudicial» planteada por el juez instructor del Supremo a cargo de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena.
«Y es en este punto en el que el Tribunal Constitucional se adentra en una peligrosa senda: no solo la de la arbitrariedad más absoluta (…) sino la de la abierta rebeldía frente al Derecho de la Unión Europea y el desconocimiento de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha asegurado la defensa.
Se apoya en la inmunidad de Eurodiputado
En el escrito redactado este miércoles, ha reprochado al Constitucional que diga que «no es posible» dejar sin efecto de forma cautelar las órdenes de detención del Supremo. A su juicio, esto es «palmariamente contrario al principio de efectividad del Derecho de la Unión» porque dificulta la tutela judicial cautelar. De ahí que considere la defensa que «resulta obligado el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Puigdemont y los exconsellers han insistido en que «este recurso de súplica es el momento procesal oportuno para el planteamiento de una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad del criterio» utilizado por tribunal de garantías para denegar las medidas cautelares solicitadas.
En el marco del recurso, la defensa ha recordado, además, que «nos hallamos ante una cuestión, la inmunidad parlamentaria, que viene regulada por el Derecho de la Unión, concretamente en el artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea». Así, ha subrayado que el Constitucional «se encuentra obligado al planteamiento de cuestiones prejudiciales» cuando se dan las circunstancias previstas en dicho tratado europeo.
A su juicio, «resulta evidente» que «la imposibilidad de que unos representantes de todos los ciudadanos de la Unión» puedan circular libremente por todo el territorio «ocasiona unos perjuicios sumamente graves no solo a ellos, sino también a sus electores, así como al interés general de la Unión, al que en modo alguno puede ser ajeno este Tribunal Constitucional».
«Consecuencias graves en otros Estados miembros»
La defensa ha asegurado que la decisión del órgano de garantías le pone en una «comprometida situación», dado que «se sitúa extramuros del ordenamiento jurídico de la Unión Europea», lo que «supone situarse en una situación de rebeldía frente a la Constitución misma».
En este sentido, ha destacado que la resolución del Constitucional ha tenido «consecuencias graves en otros Estados miembros», en referencia a «la situación que recientemente se ha vivido en otro Estado miembro», aunque no hace mención específica al caso de Italia, donde Puigdemont fue detenido y puesto en libertad el pasado septiembre.
Según ha defendido, todo ello supone «una violación por parte del Tribunal Constitucional del principio de cooperación con las autoridades» de otros miembros de la comunidad de Derecho de la Unión Europea.
