En su primer auto sobre la suspensión de la inmunidad de Puigdemont del pasado julio, el Tribunal con sede en Luxemburgo avaló la decisión del Parlamento europeo de suspender la inmunidad porque consideró que no había riesgo de detención, pero dejó la puerta abierta a examinar nuevas medidas provisionales si el reclamado por la Justicia española fuera arrestado por autoridades de un Estado miembro.
Uno de los abogados del político catalán, Gonzalo Boye, ha explicado a través de su perfil en Twitter que han solicitado «medidas cautelares, que no cautelarísimas», porque consideran que ha quedado comprobado que «no existe voluntad» en el juez instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de «garantizar los derechos» de Puigdemont como eurodiputado.
Cuando se trata de medidas cautelarísimas, el Tribunal de la UE puede decidir de manera provisional sobre el asunto sin esperar a escuchar a las partes afectadas –como hizo la primera vez devolviendo temporalmente la inmunidad plena a Puigdemont–, mientras que si se trata de medidas cautelares los plazos son más largos porque el auto no llega hasta escuchar a todas las partes.
Por eso, Boye aclara en su comunicado que esta petición «no afecta a la vista señalada para el próximo lunes» en el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) porque antes de que la Justicia europea se pronuncie deberá darse traslado de la demanda tanto a España como al Parlamento Europeo.
La defensa de Puigdemont sostiene que el primer auto rechazó actuar en contra de la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad porque España indicó que no existía riesgo de detención, algo que queda desmentido por la detención del expresidente catalán en Cerdeña y la comunicación remitida el jueves por Llarena al tribunal sardo para subrayar que la euroorden se mantiene activada.
La vez anterior, el tribunal europeo paralizó provisionalmente la suspensión de la inmunidad europarlamentaria apenas seis días después de que le fuera notificado el recurso, sin embargo, casi dos meses más tarde, el 30 de julio, corrigió su primera decisión y avaló la suspensión de la inmunidad.
