La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez ha anunciado la creación de un seguro por impago de alquiler para jóvenes. Esta nueva ayuda consistiría en la financiación de un seguro privado de cobertura para un posible impago de la renta de la vivienda de hasta un año y cuya prima no podrá superar el 5% de la renta anual.
Durante su intervención en el II Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades de El Español, la ministra ha destacado el impulso decidido del Gobierno para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias de bajos recursos, a través de la aprobación del anteproyecto de la Ley de Vivienda, así como de otras medidas, como la aprobación del bono joven para la emancipación y acceso a la vivienda. Esta ayuda, de una cuantía mensual de 250 euros, va destinada a los jóvenes entre 18 y 35 años con ingresos anuales inferiores a 23.725,8 euros.
Tal y como ha explicado la ministra, este bono será complementado por las ayudas establecidas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que ofrecerá ayudas moduladas en función de las circunstancias de los jóvenes o del ámbito en el que vivan.
De igual modo, Raquel Sánchez ha señalado que a través del Plan de Vivienda para el alquiler asequible se establece que el 30% de las viviendas promovidas, es decir, unas 30.000 viviendas, sean destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Ciudades de proximidad y descarbonizadas
En su intervención, la ministra ha defendido la necesidad humanizar las ciudades. En concreto, ha abogado por diseñar ciudades de proximidad donde los barrios sean protagonistas y dispongan de servicios esenciales, con un transporte público eficiente y descarbonizado, que acaben con la dictadura que el vehículo privado ejerce.
Tal y como ha aseverado, nadie está proponiendo eliminar los coches para conseguir una movilidad sostenible, sino diseñar ciudades donde no sea necesario usar el vehículo privado y donde se asuma que las calles no son espacios reservados a los automóviles, sino lugares de encuentro de las personas que las habitan.
En su opinión, la movilidad es un derecho que los ciudadanos han de poder ejercer en igualdad de oportunidades y una de las grandes palancas del crecimiento, la competitividad y la cohesión social. Tal y como ha defendido, hacer posible que este derecho se ejerza con el mínimo impacto ambiental requiere alternativas al uso del vehículo privado en cualquier entorno urbano y accesibilidad universal a los transportes, y todo ello, a un coste razonable para los ciudadanos.
En este contexto, ha recordado que a mitad de este siglo las ciudades deberán ser neutras en carbono y para conseguirlo habrán de realizar profundos cambios, como el abordar una planificación urbana sostenible para, entre otras cuestiones, liberar el espacio que ahora ocupan los vehículos privados para ampliar las zonas peatonales y revitalizar sus barrios.
De igual modo, ha abogado por un transporte público eficiente en rutas y frecuencias tanto para las conexiones radiales como para las del centro con las zonas residenciales, lo que, según ha expuesto, disuadiría del uso del coche particular.
Para la ministra, se puede reducir la contaminación del aire, los niveles de ruido y la siniestralidad con zonas de bajas emisiones. Además, ha dicho que se debe explorar todos los campos de la transición energética, desde el hidrógeno a los combustibles sintéticos y biocombustibles, desde la renovación del parque automovilístico a la infraestructura de recarga eléctrica y de combustibles alternativos.
Ley de Movilidad y Plan de Recuperación
En este sentido, la ministra ha incidido en que la movilidad urbana sostenible y su descarbonización están en el núcleo central del Plan de Recuperación, en el que se detallan actuaciones por importe de 6.500 millones de euros.
Asimismo, ha afirmado que la Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del Transporte llegará a Consejo de Ministros antes de finalizar el año. Dicha norma, tal y como ha precisado, consagrará la movilidad como un derecho de los ciudadanos que los poderes públicos han de garantizar, y la vincula a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico y social, entre otras cuestiones.
Para finalizar, Raquel Sánchez ha defendido que el departamento que dirige canaliza eficazmente los fondos europeos que tiene asignados. De los 16.700 millones que gestiona Mitma, ya se han activado más de 8.000 millones. En 2022 otros 6.500 millones del Plan de Recuperación financiarán inversiones en movilidad y vivienda y, en concreto, se ha destinado 1.740 millones a la descarbonización de las ciudades y cerca de 2.300 millones a la modernización de la movilidad.
