Nueve consejeros de Educación de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han calificado como «estéril» la polémica sobre el ‘pin parental’ impulsado por Vox e implantado en la Región de Murcia al considerar que esta medida que tildan de «veto» y «censura» tiene un «nulo recorrido jurídico».
En una carta titulada ‘Educar en libertad y para la libertad’, publicada este lunes en el diario ‘El País’, los responsables de Educación de los gobiernos de Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Comunitat Valenciana afirma que el ‘pin parental’ «atenta con los derechos de los menores» que familias y profesores «están obligados a proteger, por imperativo legal».
Además, acusan a sus promotores de «quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico». «Frente a todo sentido común, llaman libertad a prácticas que la aniquilan», aseguran en la carta abierta.
En ese sentido, sostienen que los impulsores del ‘pin parental’ niegan a los menores «su condición de sujetos de derecho» al esgrimir «títulos de propiedad» sobre sus hijos. «Su compromiso democrático así como su adhesión a los principios constitucionales son, a todas luces, inexistentes», sentencian.
Los nueve firmantes, todos del PSOE salvo el valenciano Miguel Soler, de Compromís, defienden que el ‘pin parental’ «no tiene cabida» en el sistema educativo, donde las familias son «actores fundamentales» que participan en los centros a través de sus consejos escolares.
«La escuela es un lugar de convivencia en el que una comunidad de aprendizaje cooperativo garantiza para los menores el derecho a la educación que, en nuestro ordenamiento jurídico, está vinculado, además, con la libertad de cátedra», exponen.
