El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que en la reunión que ha celebrado este domingo, por videoconferencia, con los presidentes autonómicos ha recibido el «apoyo» y «comprensión» de todos ellos para llevar a cabo todas las medidas posibles para frenar la pandemia del coronavirus. No obstante, ha rechazado las propuestas formuladas sobre el cese total de toda actividad económica que le han propuesto algunos de estos presidentes regionales.
«Si uno mira las medidas tomadas en otros países, España está en la vanguardia. Ha tomado medidas durísimas», ha dicho el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de La Moncloa tras concluir el encuentro virtual con los dirigentes autonómicos, que ha durado casi cuatro horas.
Algunos presidentes autonómicos, entre ellos el de la Generalitat, Quim Torra, han insistido en esta reunión en la necesidad de «confinamiento total y el paro de cualquier actividad que no sean servicios esenciales» y solo se permita el desplazamiento de profesionales sanitarios, de alimentación y otros servicios esenciales.
EFECTOS «SOCIALES» Y «PSICOLÓGICOS» DEL CONFINAMIENTO
Sin embargo, Sánchez ha explicado durante su intervención en la rueda de prensa que plantear un «confinamiento» de un mes de duración, como el que va a solicitar al Congreso de los Diputados, no sólo tiene efectos «sociales», sino también «psicológicos», sobre todo en personas mayores o en víctimas de violencia de género, a quienes ha recordado que los «mecanismos de protección» siguen habilitados.
«Estamos imponiéndonos unas medidas de extraordinaria gravedad», ha dicho. «El Gobierno es consciente de todo esto», así como de las consecuencias que puede tener «estar en casa sumando sin cesar las horas del reloj».
En esta línea, ha defendido que medidas como el confinamiento son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de «todos los expertos en los que nos estamos asesorando», cuyo objetivo principal es conseguir que «el coste en vidas humanas» sea el «menor» posible, así como en el empleo y en la capacidad productiva de España.
«Son medidas que no tienen ningún paragón en Europa», ha subrayado, en referencia a quienes llaman a implantar otras impuestas en otros países. Así, ha instado a no hacer comparaciones con Italia, pues algunas precauciones adoptadas este sábado en este país, como la prohibición de desplazamientos a segundas residencias o el cierre de espacios públicos, llevan aplicándose en España «una semana», desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo.
«COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD»
Por otro lado, Sánchez ha asegurado que en la reunión mantenida con los presidentes autonómicos, ha pedido y «prometido» a sus interlocutores «coordinación, colaboración y solidaridad» para controlar la expansión del COVID-19.
Así, en esta segunda reunión virtual mantenida desde que se aprobó el estado de alarma para «repasar conjuntamente» las actuaciones emprendidas a lo largo de esta semana, ha trasladado a los presidentes regionales que «como presidente del Gobierno» su tarea es la de «liderar con prontitud, sin vacilaciones, como corresponde a la situación».
En este sentido, y orillando las críticas que le han hecho en la reunión los presidentes autonómicos por la falta de material médicp, Sáncez ha manifestado que los dirigentes autonómicos le han expresado su «apoyo y comprensión», pues en este momento «no cabe el egoísmo». «El virus plantea un escenario en el que no caben intereses contrapuestos», ha agregado.
PLANTEAMIENTOS «CONSTRUCTIVOS»
Así, preguntado sobre si algunos presidentes autonómicos, como la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el de Cataluña, Quim Torra, le han manifestado críticas a su gestión, Sánchez se ha limitado a señalar que todos los «planteamientos» expuestos han sido «constructivos, cada cuál con su matiz». Pero todos ellos, comparten el ánimo de «lograr cuanto antes frenar la pandemia», ha asegurado.
En el encuentro se han acordado dictar cinco nuevas órdenes, según ha anunciado Sánchez: poner las residencias de ancianos privadas a cargo de las comunidades autónomas; la restricción durante un mes de viajes no imprescindibles; ampliación en la actuación de las fuerzas armadas por «vía aérea o terrestre» en el traslado de enfermos; garantizar el reparto a domicilio de alimentos y medicamentos a personas mayores; y establecer una reserva estratégica de productos sanitarios.
