MADRID, 13 Feb. (OTR/PRESS)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que no disponía de datos para valorar la situación procesal del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, al que el Tribunal Supremo ha imputado por la posible contratación irregular por la ciudad autónoma de un abogado externo, y ha añadido que habrá que atender las decisiones del alto tribunal.
«Habrá que estar a las decisiones del Tribunal Supremo sobre ese proceso, en el que yo en este momento no tengo datos para determinar cuál es la situación procesal del presidente con respecto a esa actuación», ha manifestado Santamaría al ser preguntada cómo valora la situación de Imbroda en un momento en el que el Ejecutivo está impulsando normas de regeneración democrática como el Estatuto del Alto Cargo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que la norma sobre el Estatuto del Alto Cargo que ha promovido el Gobierno afecta a los cargos de la Administración General del Estado y, por lo tanto, «las comunidades autónomas en su caso tendrán que aprobar normativas similares» puesto que tienen su «propia capacidad de autoorganización».
Eso sí, la vicepresidenta ha recalcado que hay comunidades que «han declarado que no tienen intención» de sumarse a este tipo de iniciativas de regeneración. En esa Ley de Alto Cargo -ahora en tramitación en el Senado– ya se incorporó el compromiso de que un cargo público sería apartado cuando se le abriera juicio oral y se le imputaran delitos concretos. Por lo tanto, fuentes del Ejecutivo recuerdan que Imbroda aún estaría en un estadio anterior.
El presidente de Melilla manifestó este jueves que está «satisfecho» con su imputación por el Tribunal Supremo por la posible contratación irregular por la Ciudad Autónoma de un abogado externo porque así podrá dar su versión de los hechos y demostrar que no ha cometido ninguna ilegalidad.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que decidir si Imbroda es de nuevo candidato del PP para las elecciones del 24 de mayo. Por el momento, el Comité Electoral Nacional del PP ha celebrado un par de reuniones para dar luz verde a algunos candidatos pero no ha decidido sobre Imbroda. También hay pendientes más candidaturas, como las de Valencia, Madrid, Murcia, Baleares o La Rioja.
PETICIÓN DE CÁRCEL PARA EXCARGOS DEL PP VALENCIANO
En cuanto a la decisión de la Fiscalía de pedir ocho año de cárcel para los exdirigentes del PP valenciano Ricardo Costa y Vicente Rambla por un presunto delito electoral y de falsedad documental, Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que el Gobierno respeta las decisiones de la Justicia.
«Como cualquier otro procedimiento, en este caso es un procedimiento judicial y nosotros respetamos las decisiones que se tomen en ese procedimiento», ha manifestado cuando se le ha pedido una valoración por este asunto que afecta al PP igual que hace una semana comentó la situación fiscal del 'número tres' de Podemos Juan Carlos Monedero.
Sáenz de Santamaría ha señalado que en el caso de Monedero afirmó el pasado viernes que «no entraba a decidir el fin de los procedimientos» tras haber presentado una declaración complementaria porque eso debía hacerlo la Agencia Tributaria.
«Desde el punto de vista político, claro que todos tenemos que pagar nuestros impuestos, máxime cuando el programa electoral de algunos habla de elevar ilimitadamente lo público y eso hay que mantenerlo», ha subrayado.
Dicho esto, la vicepresidenta del Gobierno ha señalado que, ni en el caso de Monedero ni en el caso de los exdirigentes del PP valenciano, ella iba a entrar a «determinar la resolución final de un procedimiento administrativo o judicial».
