Tras un año de trámites legislativos, la norma se empezará a aplicar y, con ella la nueva redacción del Código Penal que recoge y por la que se consideran agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona.
Ese consentimiento tendrá, además, a partir de este viernes una nueva definición: “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
También se comenzarán a considerar violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual y se incluye el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual, o feminicidio sexual, como la violación más grave de los derechos humanos vinculada a esta violencia.
Junto a estas modificaciones, también se comenzarán a aplicar otras medidas como el derecho a la asistencia integral especializada y accesible a víctimas se violencia sexual, sin necesidad de denuncia previa.
CENTROS DE CRISIS Y CASAS DE NIÑOS
Además, se deberán poner en marcha tanto los centros de crisis, con servicios públicos de atención permanente a las mujeres víctimas de violencia sexual –deberá haber un mínimo de uno por provincia– así como las conocidas como ‘Casa de Niños y Niñas’, con atención especializada a los menores que han sufrido el mismo tipo de violencia.
Al mismo tiempo, comenzará a ser obligatoria la especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense integral que asisten a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, entre otras medidas.
Aunque gran parte de la norma entra en vigor este viernes, el Titulo IV de la ley sobre el derecho a la asistencia integral especializada y el Título VI que aborda el acceso y la obtención de justicia, serán de aplicación a partir de octubre de 2023.
