«Debido a los recientes episodios que involucran desafíos legales y confirmaciones de resultados electorales, he determinado que puede acceder a los recursos y servicios postelectorales descritos en la Sección 3 de la Ley a solicitud», ha dicho la jefa del GSA, Emily Murphy, en una carta dirigida a Biden.
La misiva, a la que han tenido acceso los medios estadounidenses, supone el primer reconocimiento formal de la Administración de Donald Trump, que si bien vía Twitter ha recomendado a Murphy «hacer lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales», ha insistido en que su idea de impugnar los comicios «continúa con mayor fuerza».
«Quiero agradecer a Emily Murphy de GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada y amenazada, y no quiero que esto le suceda a ella. (…) Nuestro caso sigue con más fuerza. Continuaremos con la buena lucha y creo que prevaleceremos», ha escrito Trump en sus redes sociales, poco después de conocerse la noticia.
La misiva de Murphy se produce también poco después de que el estado de Míchigan haya confirmado la victoria de Biden en las presidenciales, otorgándole otros 16 votos electorales, y a la espera de que Pensilvania haga lo propio.
La designación desencadena un proceso de transición de poder formal, con el que Biden y su equipo obtendrían acceso a los actuales funcionarios de las diferentes agencias, libros de contabilidad, informes, unos seis millones de dólares (poco más de cinco millones de euros) en fondos, y otros recursos del Gobierno.
Las intimidaciones sobre Murphy a las que ha hecho referencia Trump en sus mensajes en redes sociales, le han sido notificadas a Biden. En su carta al líder demócrata, la jefa de GSA, quien en los últimos días ha sido muy criticada y acusada de entorpecer el proceso, le ha hecho saber que ha recibido amenazas «por teléfono y por correo electrónico, con el fin de tomar esta decisión ‘prematuramente'».
Murphy ha defendido su independencia y ha negado presiones por parte de funcionarios de la Administración Trump o por parte de ningún trabajador de la Casa Blanca, y ha justificado que bajo la actual legislación, la Ley de Transición Presidencial de 1963, «el rol de administrador de la GSA es extremadamente limitado», por lo que ha pedido al Congreso una futura reforma de la misma.
«Desafortunadamente, el estatuto no proporciona procedimientos ni estándares para este proceso, por lo que busqué un precedente en elecciones anteriores, en las que estuvieran involucradas impugnaciones legales y recuentos incompletos», ha escrito.
Por su parte, desde el Partido Demócrata, el director ejecutivo del equipo de transición Biden-Harris, Yohannes Abraham, ha celebrado la decisión afirmando que se trata de un «paso necesario» pues con este reconocimiento, la administración entrante obtiene «los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo una transferencia de poder sin problemas y pacíficamente».
«En los próximos días, los funcionarios de transición comenzarán a reunirse con funcionarios federales para discutir la respuesta a la pandemia, tener una contabilidad completa de nuestros intereses de seguridad nacional y obtener una comprensión completa de los esfuerzos de la administración Trump para vaciar las agencias gubernamentales», ha comunicado.
