El ultraderechista Matthew Greene, de 34 años, ha sido el primero de la milicia Proud Boys en declararse culpable de varios de los delitos de los que fue acusado, entre ellos el de conspiración, por su participación en el asalto al Capitolio en Washington el pasado 6 de enero.
Greene, oriundo de Nueva York, se ha declarado este miércoles culpable de los delitos de conspiración y de obstrucción a un proceso oficial, tras reconocer que acudió al Capitolio a bloquear el recuento de los votos electorales que confirmaban la derrota del expresidente Donald Trump frente a Joe Biden en las presidenciales de noviembre.
Tras declararse culpable se espera que Greene colabore con vistas a reducir la pena de hasta 51 meses de prisión a la que podría ser condenado. Además de él, una treintena de integrantes no solo de Proud Boys, sino también de otros grupos de extrema derecha, como Oath Keepers, han sido acusados de conspiración, terrorismo doméstico y obstrucción a un procedimiento oficial.
Greene también ha acordado este miércoles en su audiencia ante un tribunal federal de Washington DC abonar una multa de 2.000 dólares por los daños causados en las instalaciones del Capitolio, detalla la cadena CNN.
Se trata del primero de los Proud Boys en declararse culpable y facilitar, según se prevé, información sobre la organización. Antes que él, ultraderechistas de Oath Keepers han estado colaborando en los últimos meses con las autoridades.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Green «participó junto a otros insurrectos, entre ellos integrantes de Proud Boys, levantando barricadas contra los agentes», una vez roto el cordón policial establecido en los terrenos del Capitolio, tras recibir órdenes por radio del grupo armado.
«Estoy bien, hemos tomado la capital», exclamó Greene, según la información facilitada por los fiscales durante la audiencia, tras la cual ha sido encerrado en prisión a la espera de la lectura de su sentencia definitiva, que ha sido fijada para el 10 de marzo de 2022.
Quienes también están a la espera de sentencia son sus compañeros de armas en la organización, William Pepe y Dominic Pezzola, acusados el pasado mes de abril de obstrucción policial, desórdenes públicos, robo, asalto a un funcionario público y entrada ilegal en espacios restringidos, entre otros cargos.
En el caso de Pezzola, el Departamento de Justicia detalló que éste arrebató un escudo policial a un agente con el que rompió una de las ventanas del edificio por la cual accedieron el resto de insurrectos y simpatizantes del expresidente Trump.
A mediados del mes de diciembre, la Fiscalía del Distrito de Columbia presentó una demanda civil contra decenas de ultraderechistas de estos grupos armados para que respondieran también por «los millones de dólares» que la Administración destinó para sofocar la revuelta, así como para el tratamiento médico de los más de 140 agentes de la Policía Metropolitana y del Capitolio heridos aquel 6 de enero.
El fiscal general Karl Racine presentó la demanda amparándose en una ley contra el Ku Klux Klan, que data de 1871, y que ya fue aplicada con éxito en noviembre de 2021 contra quienes organizaron las manifestaciones racistas de Charlottesville en agosto de 2017 y en las que murió una mujer atropellada.
