La defensa de las víctimas de la matanza de Atocha ha impugnado ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real liquidación provisional de condena impuesta a Carlos García Juliá (uno de los implicados en la matanza de los abogados laboralistas en el Madrid de 1977) que le permite salir en libertad el próximo 10 de noviembre.
Esa misma asociación ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a España en febrero (ha pasado décadas huido en Sudamérica)
Al terrorista, juzgado con el Código Penal de 1973 que permitía la redención de penas, le quedaban por cumplir 3.845 días, diez años de cárcel, hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal de Ciudad Real, que fue el último que le condenó por un asunto diferente al de Atocha en 1981, le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que las diferentes actuaciones por parte de la defensa de las víctimas, la Fundación Abogados de Atocha, ante las decisiones de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se han retrasado debido al estado de alarma, que se decretó el 14 de marzo y que finalizó el pasado 21 de junio.
Ausencia de conexidad
Ahora, con la ‘nueva normalidad’, las víctimas han recurrido ante la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de todas las actuaciones dictadas por este órgano desde la extradición del terrorista de ultraderecha, y apuntan que no puede haber conexidad entre los delitos de la calle Atocha con los que se le imputan por otro incidente en Ciudad Real, por lo que la liquidación no sería válida.
La defensa lamenta que la liquidación de condena de García Juliá se realizara sin tener en cuenta a las víctimas, y esto ha motivado que lo impugnen.
La fiscalía no va a recurrir
La Fiscalía Provincial de Ciudad Real entiende que la liquidación que se ha hecho a este hombre es la correcta, y no se opone a que salga de prisión el 10 de noviembre.
Condenado por el Código Penal de 1973 a 190
García Juliá, nacido en 1955, fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 193 años de prisión (con el Código Penal de 1973 que contemplaba la redención de penas) como autor material de cinco delitos de asesinato consumados y cuatro frustrados.
La noche del 24 de enero de 1977 García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid y abrieron fuego con pistolas contra las personas que estaban allí.
Los autores de la denominada ‘matanza de Atocha’ pertenecían, según la sentencia, a un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España».
Se le concedió la libertad condicional en 1991
A Carlos García Juliá se le concedió la libertad condicional el 23 de octubre de 1991. Después, el tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay con la obligación de presentarse en la Embajada española en aquel país. Una vez allí, rompió las obligaciones de su libertad condicional, y se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996, explicó la Policía Nacional en el comunicado de su extradicción.
En España desde febrero de este año
García Juliá ha vuelto a ser noticia este año porque, tras varias décadas huido, fue extraditado a España en el mes de febrero desde Brasil, dos años después de su localización y detención en Sao Paulo.
Bono, uno de los abogados que acusó a Juliá
El mismo 7 de febrero Juliá ingresó en la prisión madrileña de Soto Real. Su extradición a España provocó reacciones en el entorno de las víctimas de la matanza, con declaraciones como las del expresidente de Castilla-La Mancha y exministro José Bono, que fue uno de los letrados de la acusación particular en el juicio por la matanza de los abogados. Bono declaró a la agencia Europa Press que esperaba que García Juliá no sólo cumpla «hasta el último día» de condena por aquellos asesinatos, sino que se le juzgue por haber quebrantado la pena con su huida.
También anunció que tanto él como sus compañeros de acusación de entonces planeaban personarse en los asuntos que tenga pendientes.
