La Comisión Europea ha incluido a España entre los cuatro países del bloque que por estar bajo una mayor presión migratoria pueden apelar a la solidaridad de sus socios y activar el mecanismo previsto en el nuevo Pacto de Migración y Asilo para que parte de los migrantes llegados irregularmente a su territorio sean reubicados en otros Estados miembro.
Así consta en el primer informe anual sobre la situación migratoria en la Unión Europea, documento que no hace públicos los cupos de reubicación al que podrían acceder los países en cuestión una vez esté plenamente en aplicación el Pacto migratorio; una reforma cuya entrada en vigor está prevista para junio de 2026 –aunque aún países como Hungría o Polonia no han presentado sus planes nacionales, paso previo necesario–.
En concreto, Bruselas identifica a España e Italia como países bajo una gran presión migratoria por el número «desproporcionado» de llegadas irregulares por las operaciones de búsqueda y rescate en alta mar durante el pasado año. También considera a Grecia y Chipre bajo presión por un «nivel desproporcionado de llegadas» en el mismo periodo.
Esta clasificación no supone la activación automática por parte de los cuatro Estados miembro, sino que les hace «elegibles» para acogerse a la «reserva de solidaridad» prevista en la reforma migratoria, de la que el comisario de Interior y Migración, Markus Brunner, ha dicho en rueda de prensa que «no es perfecto», pero que «es mejor que nada».
La propuesta de Bruselas para el reparto de la carga de la acogida de demandantes de asilo debió ser presentada el pasado octubre, pero el comisario optó por aplazarlo sin fecha por las reservas expresadas por varios Estados miembro a aceptar ser parte de los socios solidarios, entre ellos Bélgica, Finlandia o Países Bajos.
El mecanismo en cuestión, que no será aplicable hasta que entre en vigor el Pacto migratorio, permite que esa solidaridad se aplique de manera «flexible» al objetivo de trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, por lo que los países podrán negarse a recibir a parte de los candidatos a ser reubicados a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
Así las cosas, el informe del Ejecutivo comunitario ofrece la base legal para recurrir al mecanismo de reubicación una vez esté formalmente en marcha, aunque los cupos de reubicación dependerán de una decisión adoptada por el Consejo (gobiernos).
Antes, los gobiernos deberán presentar sus «compromisos de contribución» de acuerdo a los criterios de reparto justo establecidos por el Pacto y podrán elegir sobre la forma que tendrá su solidaridad, esto es, acogiendo reubicados o haciéndose cargo de deportaciones decididas, dar apoyo financiero u ofrecer otras medidas alternativas; incluso combinar varias de ellas.
RIESGO DE PRESIÓN PARA OTRA DOCENA DE PAÍSES
La Comisión, además, identifica a una docena de países en «riesgo» de sufrir presión migratoria más adelante por el número de llegadas o por las tensiones sobre su sistema: Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Finlandia. Estos países tendrán acceso prioritario a instrumentos de ayuda previstos por la UE.
Por su parte, Bulgaria, República Checa, Estonia, Croacia, Austria y Polonia podrán pedir al Consejo que reduzcan de manera parcial o total sus obligaciones con el mecanismo de reubicación el siguiente año en función de la presión acumulada.
En la presentación del informe, Brunner ha insistido en el valor del pacto para «reconstruir» la confianza perdida entre los Estados miembro en materia migratoria después de que «algunos sientan que otros han ignorado las reglas», al tiempo que ha subrayado que tanto el mecanismo de solidaridad como el resto de elementos de la reforma buscan «recuperar la confianza y recuperar el control».
Ante la prensa, el comisario ha querido dejar claro que la reserva para reubicaciones es sólo una parte de la respuesta a la presión migratoria sobre los países de la Unión Europea, sobre los que ha dicho que se dan tres corrientes clave.
En este sentido, Brunner ha enumerado el alto número de cruces ilegales desde las rutas del Mediterráneo, los más de 4 millones de ucranianos con protección temporal acogidos en suelo comunitario desde el inicio de la guerra, y las distintas formas de «instrumentalización» de la migración con la que terceros como Rusia o Bielorrusia buscan desestabilizar a la UE.
Con todo, la Comisión Europea reconoce que los datos del último año (entre julio de 2024 y junio de 2025) apuntan a una «mejora» de la situación en el conjunto de la Unión, con una caída del 35% en el número de llegadas ilegales.
También se ha referido a la necesidad de que Italia vuelva a aplicar sin reservas las reglas de Dublín que obligan a cada Estado miembro a hacerse cargo de las demandas de asilo de todos los migrantes que llegan a la UE por su territorio y avisado de que de ello dependerá que pueda acogerse al mecanismo, tal y como han reclamado países con Países Bajos y Bélgica, que critican los movimientos secundarios por los que migrantes entrados por Italia piden asilo en otros países más al norte.
«Es un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, así que debe ir de la mano, debe darse en paralelo», ha respondido el comisario, a la pregunta de si la restauración de las reglas de Dublín en Italia son condición para que pueda solicitar al resto de socios la reubicación de migrantes en su territorio.
De hecho, según aclaran fuentes comunitarias, si Bruselas detecta «deficiencias sistémicas» en un Estado miembro elegible para el apoyo a la reubicación porque no cumple las reglas de responsabilidad sobre los migrantes de entrada, los otros países que se hayan comprometido a acoger parte de sus reubicaciones quedará exento de tal obligación.
