La propuesta planteada por el Gobierno de Estados Unidos a nueve universidades a las que ha ofrecido «beneficios federales» a cambio de «prioridades» de la Casa Blanca –como la protección de «las ideas conservadoras» o la prohibición de ciertas protestas– ha excedido este lunes su fecha límite sin éxito alguno en las respuestas.
Hasta siete universidades han rechazado públicamente el denominado Convenio para la Excelencia Académica en la Educación Superior a lo largo de las dos últimas semanas, mientras que las dos restantes no han llegado a contestar a la Administración del presidente Donald Trump.
Las instituciones que han rechazado el programa, entre las que se encuentran las universidades de Pensilvania y California del Sur y el Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT), han aludido a que lo estipulado en el texto de la secretaria de Educación, Linda McMahon, violaría sus propios valores, así como la libertad académica. Además, otras como Brown, Virginia, Dartmouth o Arizona han aludido en su propia negativa a su compromiso con la libertad de expresión en sus campus.
En concreto, la Universidad de Brown ha defendido que su acuerdo con el Gobierno federal «afirma expresamente la falta de autoridad del gobierno para dictar nuestro currículo o el contenido del discurso académico, un principio que no se refleja en el Convenio». La institución ha aludido así al acuerdo con la Administración de Donald Trump a finales de julio por el que aceptó pagar 50 millones de dólares (casi 44 millones de euros) durante diez años a organizaciones locales de desarrollo laboral para restablecer la subvención federal de más de 500 millones de dólares (437 millones de euros) que le fue suspendida en abril por supuesto incumplimiento de leyes contra la discriminación.
Por contra, las universidades de Texas en Austin y de Vanderbilt no han enviado una respuesta oficial, si bien el rector de esta última, Daniel Diermeier, ha afirmado en un comunicado haber enviado comentarios al Gobierno acerca de la propuesta, mientras que la oficina de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) en este centro tachó el Convenio de «amenaza» ya a inicios de mes y, en línea con la postura a nivel nacional de la AAUP, se posicionó en contra del mismo.
La Administración Trump planteó esta oferta a las nueve citadas instituciones con visos a encontrar en ellas una mayor receptividad que en otras. Con todo, la presidenta de la Asociación Americana de Colegios y Universidades, Lynn Pasquerella, ha señalado en declaraciones al portal de noticias The Hill que la Casa Blanca «ha subestimado la resistencia que encontrarían y la disposición de las instituciones de todo el país a unirse en apoyo de nuestros valores fundamentales».
El Convenio para la Excelencia Académica en la Educación Superior, cotejado por Europa Press, establecía como líneas generales para las universidades que aceptasen, la protección de ideas conservadoras, la eliminación de la discriminación positiva en la concesión de becas y admisiones y el silencio público acerca de temas políticos y sociales por parte de todos los trabajadores, entre otras medidas.
Trump ha convertido la reforma universitaria en una de las principales prioridades de su segundo mandato, y encadena ya repetidos intentos de alterar el funcionamiento de los centros de educación superior a través de incentivos económicos o sanciones.
En los últimos meses, los tribunales han ordenado a la Casa Blanca que restablezca la financiación federal que ha retirado a instituciones como la Universidad de Harvard y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
