La ONG ambientalista Greenpeace ha sido condenada este miércoles en Estados Unidos a pagar 660 millones de dólares (unos 605 millones de euros) en daños y perjuicios a la petrolera Energy Transfer después de que un jurado de Dakota del Norte la declarara responsable de difamación por las protestas contra el oleoducto Dakota Access.
Un jurado de nueve personas ha emitido el veredicto después de un juicio que ha durado tres semanas. Greenpeace, de origen canadiense pero con sede en Países Bajos, ha anunciado que apelará el fallo ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte, mientras que ha explicado que la indemnización se repartirá entre las filiales estadounidenses (Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc) y Greenpeace International.
La directora ejecutiva interina de las filiales estadounidenses, Sushsma Raman, ha expresado que «este caso debería alarmar a todos, sin importar sus inclinaciones políticas». «Forma parte de un renovado esfuerzo por parte de las corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia», ha declarado.
«Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta, cuyo objetivo es destruir nuestro derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión», ha denunciado.
Así, Raman ha subrayado que «estos derechos son cruciales para cualquier labor que busque garantizar la justicia», razón por la que seguirán «luchando juntos, en solidaridad». «Si bien los agresores de las grandes petroleras pueden intentar frenar a un solo grupo, no pueden detener a un movimiento», ha manifestado.
El director ejecutivo de Greenpeace International, Mads Christensen, ha señalado que «estamos presenciando un desastroso regreso a las conductas imprudentes que impulsaron la crisis climática, profundizaron el racismo ambiental y priorizaron las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y un planeta habitable».
«La anterior Administración (de Donald) Trump dedicó cuatro años a desmantelar las protecciones para el aire limpio, el agua y la soberanía indígena, y ahora, junto con sus aliados, quiere rematar el trabajo silenciando las protestas. No cederemos. No nos silenciarán», ha aseverado.
Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha señalado que se trata de «un momento triste para el activismo y la desobediencia civil». «Pero esta sentencia no es el final de nuestra lucha contra las grandes petroleras», ha añadido.
«Vivimos tiempos oscuros, pero ahora Greenpeace es más necesario que nunca y vamos a seguir peleando por un mundo verde y en paz, donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica estén garantizados. Sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado y no retrocederemos, no nos silenciarán», ha afirmado.
Así, ha recordado que en febrero la ONG presentó una demanda contra Energy Transfer en Países Bajos, «haciendo uso por primera vez de la directiva anti-SLAPP» (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública). «Nos veremos en los tribunales en Ámsterdam este próximo mes de julio», ha advertido antes de hacer hincapié en que «Greenpeace seguirá en primera línea de batalla para lograr la protección de estos derechos fundamentales para todos».
La petrolera, con sede en Dallas, demandó a la ONG por 300 millones de dólares en 2019, acusando al grupo ambientalista de planificar protestas, difundir información errónea y causarle pérdidas financieras a través de daños a la propiedad y la caída de ingresos. El oleoducto, de cerca de 1.900 kilómetros, cruza cuatro estados y ha estado en funcionamiento desde 2017 a pesar de las protestas derivadas de un cruce bajo el lago Oahe, cerca de una reserva indígena siux.
