La Administración de Donald Trump ha anunciado este lunes la congelación de 2.200 millones de dólares (alrededor de 1.900 millones de euros) en subvenciones plurianuales y 60 millones de dólares en contratos plurianuales (unos 53 millones de euros) para la Universidad de Harvard, que horas antes informó de que rechazaba los cambios de política que le exigía la Casa Blanca.
El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, creado tras la vuelta de Trump a la Presidencia estadounidense, ha informado de esta medida a través de un comunicado en el que ha asegurado que la declaración de Harvard «refuerza la preocupante mentalidad de privilegio, endémica en las universidades y colegios más prestigiosos de nuestro país: que la inversión federal no conlleva la responsabilidad de defender las leyes de derechos civiles».
Asimismo, ha considerado que «la interrupción del aprendizaje que ha afectado a los campus en los últimos años es inaceptable» y que «el acoso a los estudiantes judíos es intolerable». «Es hora de que las universidades de élite se tomen el problema en serio y se comprometan a implementar cambios significativos si desean seguir recibiendo el apoyo de los contribuyentes», ha manifestado.
Previamente, el presidente de la Universidad de Harvard, Alan M. Garber, dijo que «ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir». También afirmó que la institución ya estaba trabajando en varias iniciativas para combatir el antisemitismo.
Garber ha aseverado que el fin del antisemitismo «no se alcanzará mediante afirmaciones de poder, desvinculadas de la ley, para controlar la enseñanza y el aprendizaje en Harvard y dictar cómo» funcionan. «La labor de abordar nuestras deficiencias, cumplir nuestros compromisos y encarnar nuestros valores nos corresponde a nosotros definirla y emprenderla como comunidad», ha agregado.
La semana pasada esta prestigiosa institución universitaria recibió una misiva con una serie de modificaciones para «mantener la relación económica» con el Gobierno federal. Entre las peticiones, se incluía la eliminación de programas de diversidad, igualdad e inclusión, cambios en la política de contratación y admisión, y limitar a quienes «están más implicados en el activismo que en la enseñanza».
